Una treintena de presos muertos dejaron los enfrentamientos dentro de las cárceles de Venezuela el año pasado, indicó este viernes la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), que computó un total de 61 fallecidos en 2023, un 19,7 % menos respecto a 2022, cuando registró 76.
Los 31 restantes del año pasado, según la organización no gubernamental, fallecieron por motivos de salud, una disminución del 43,6 % en comparación con las 55 muertes por esta causa en 2022.
En el informe anual ‘Degradación, desprecio y abandono: características del sistema penitenciario’, el observatorio señala que la mayoría de las muertes relacionadas con la salud fueron «por causas asociadas a infecciones respiratorias, tuberculosis y desnutrición».
«Las continuas desatenciones al derecho a la salud han representado uno de los principales riesgos a la vida e integridad de las personas en prisión», asegura.
En este sentido, la ONG indica que en 2023 se documentaron «continuas violaciones al derecho a la salud», entre ellas «el incumplimiento de la atención médica en todas sus etapas, desde la prevención, diagnóstico, control y tratamiento de enfermedades», así como «la ausencia de espacios que cumplan con estándares básicos de salubridad e higiene».
«Las instalaciones penitenciarias en Venezuela son nichos de propagación de enfermedades que ponen en riesgo la vida e integridad no solo de las personas que se encuentran allí recluidas, sino incluso del personal penitenciario y personas visitantes», advierte.
Además, el observatorio alerta de la agudización del «incumplimiento de una higiene personal correcta dentro de las prisiones» debido a un «suministro irregular e inexistente de agua», las «condiciones insalubres» y el «hacinamiento y falta de productos de higiene personal».
El OVP también computó 25 fallecidos por motivos de salud en «los diferentes calabozos policiales del país» durante el año pasado.
Por otra parte, señala que «el hambre continúa reinando en los recintos carcelarios», donde «el menú, lejos de variar, permanece con las mismas características que imposibilitan el cumplimiento de la seguridad alimentaria y nutricional».
En este sentido, los detenidos «no cuentan con el suministro de tres comidas diarias» ni con el consumo de «proteínas, vegetales o frutas».
Por tanto, agrega, el acceso a la alimentación «depende, en gran medida, del aporte de familiares y seres queridos», además de que «se ha instaurado, como práctica común, la venta de platos dentro de las cárceles», que oscilan entre los «5 y 10 dólares estadounidenses».
El año pasado, la sobrepoblación de reos fue del 73 % en los centros penitenciarios, donde se computaron 29.565 presos, pese a que la capacidad de reclusión es de 17.088 personas, cupos que se han reducido como consecuencia del cierre de centros penitenciarios, según el OVP.
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