La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles el «amedrentamiento» por parte de agentes policiales durante una manifestación de familiares de políticos, activistas y otros detenidos, en su mayoría en el contexto de las protestas tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro en los comicios de julio de 2024.
«Agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), portando armas de fuego, grabaron y tomaron fotografías de los manifestantes en un acto de intimidación y hostigamiento que busca silenciar las denuncias y vulnerar el derecho a la protesta», aseguró la organización a través de X.
En este sentido, afirmó que estos funcionarios «amedrentaron a madres, familiares y amigos de presos políticos», mientras -agregó- «protestaban pacíficamente y entregaban un documento en la Defensoría del Pueblo», como parte de una manifestación que comenzó este lunes y finalizará este viernes en defensa de los detenidos.
«Este tipo de prácticas revictimiza a quienes siguen sufriendo por la represión y exigen justicia, ignorando lo establecido en la Constitución de Venezuela, que prohíbe la presencia de funcionarios armados en manifestaciones pacíficas y garantiza el derecho de los ciudadanos a expresarse sin miedo a represalias», indicó la ONG.
Amedrentamiento
La organización no gubernamental exigió el «cese inmediato de estas prácticas de amedrentamiento» y pidió el «respeto a los derechos fundamentales de quienes luchan por justicia y libertad».
Esta denuncia se da en el marco de la protesta ‘Ruta por la justicia y libertad’ -organizada por familiares de los arrestados y activistas de derechos humanos-, que incluye en su recorrido, entre otros lugares, las sedes de la Defensa Pública, del Ministerio del Servicio Penitenciario y la Fiscalía en Caracas.
Tras las presidenciales de julio, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, que considera que su candidato, Edmundo González Urrutia, ganó esta contienda y no Maduro, como proclamó el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por rectores afines al chavismo.
En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, de las cuales casi 1.900 han sido excarceladas después de una revisión de medidas ante la Justicia, según la Fiscalía, cifras que la ONG Foro Penal -que lidera la defensa de los considerados «presos políticos»- asegura no haber confirmado.
Foro Penal contabilizaba, hasta el pasado 17 de febrero, un total de 1.061 personas que considera como «presos políticos», entre los que cuenta a detenidos de antes y después de las elecciones de julio pasado, mientras que la Fiscalía y la Administración de Maduro niegan que en el país haya detenidos por razones políticas, sino que -afirman- cometieron delitos.
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