Varias organizaciones no gubernamentales y partidos políticos opositores de Venezuela denunciaron la madrugada de este domingo que la activista y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano, fue detenida el pasado viernes y que, desde entonces, su familia desconoce su paradero.
Según las denuncias en la red social X, San Miguel fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetía -que sirve a Caracas-, donde tenía previsto tomar un vuelo junto con su hija.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) rechazó «enérgicamente» la detención de la presidenta de Control Ciudadano, una «destacada experta en temas de seguridad y defensa» que «debe ser liberada inmediatamente».
«Allegados a la activista denuncian que desconocen su paradero tras más de 24 horas de ocurrida la detención. Recordamos que defender derechos humanos y ejercer la libre expresión y el derecho a la información no son delitos y están consagrados en la Constitución y en convenios internacionales», expresó JEP en X.
En esta red social, la ONG Provea exigió también su «inmediata libertad» y denunció que «este nuevo abuso forma parte de la penosa práctica de persecución contra quienes defienden y ejercen derechos».
Acoso y persecución
En este sentido, aseguró que San Miguel «ha sido víctima de acoso, persecución y discriminación por parte del Estado venezolano», y que su detención «constituye un hecho muy grave que pone en evidencia el progresivo cierre del espacio cívico y el empeño de quienes gobiernan por reprimir a las voces críticas».
A juicio del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), esta detención «se enmarca dentro de la aplicación del patrón de criminalización, ataques y amenazas contra defensores de DD.HH. y la sociedad civil en general», que «se exacerba en los contextos electorales», en referencia a las presidenciales de este año.
Los partidos Primero Justicia y Encuentro Ciudadano rechazaron también la detención e hicieron un llamado a la comunidad internacional a expresar su condena.
Este hecho ocurre casi tres semanas después de que el fiscal general, Tarek William Saab, informara de la detención de más de una treintena de personas por estar supuestamente involucradas en planes conspirativos, y de que las autoridades aprehendieran a tres colaboradores de la candidata presidencial de la principal coalición opositora, María Corina Machado, acusados de ser parte de una conspiración.
El pasado diciembre, más de 60 ONG pidieron a la ONU monitorear la «situación de libertades democráticas y derechos humanos» en el país y «pronunciarse oportunamente» sobre este asunto ante los venideros períodos electorales, entre ellos el de las presidenciales, para cuando prevén un aumento de la «represión y persecución».
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