Organizaciones no gubernamentales (ONGs) rechazaron la nueva ley que rige a la Contraloría General de Panamá porque «viola la Constitución al crear fueros y privilegios para los funcionarios» de esa institución.
«La Ley 351 sancionada por el Ejecutivo, debilita la institucionalidad panameña en materia de prevención y sanción de la corrupción pública, al otorgarle al Contralor General de la República poderes discrecionales que le permitirá decidir, sin contrapeso alguno, qué investiga o deja de investigar», señaló un comunicado difundido por una de las ONG.
Se trata, añadió la misiva, «de una concentración de poder muy peligrosa, que amenaza el Estado de Derecho y la democracia».
Las nueve organizaciones firmantes del documento son el Centro de Iniciativas Democráticas, el Centro de Incidencia Ambiental, el Consejo de expresidentes de Gremios de Panamá y la Fundación Espacio Cívico.
También la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana – Transparencia Internacional Panamá, el Movimiento Ciudadano Anticorrupción, el Movimiento Independiente por Panamá, el Movimiento Panamá Joven y la Red Nacional de Jóvenes por la Transparencia.
El presidente panameño, Laurentino Cortizo, sancionó el pasado 22 de diciembre la «Ley Orgánica de la Contraloría General de la República» que, afirmó en un comunicado, «garantiza la independencia de criterios de los fiscalizadores, auditores y funcionarios que participan en el control previo y posterior».
«Esta nueva ley es oportuna y necesaria como parte de la actualización y modernización del Estado panameño», agregó el presidente panameño.
La norma otorga al contralor general la capacidad de aprobar la destitución de «auditores internos de las entidades fiscalizadas», indicó entonces el Gobierno.
Las organizaciones criticaron que el primer artículo de la ley, que define la Contraloría, señala que la institución actuará «sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, órgano del Estado o persona”, lo que «implica que no tendría obligación de responder a las peticiones de auditorías» que le solicite la Fiscalía o la Jurisdicción de Cuentas.
Ello impediría «que se obtengan los sustentos necesarios para realizar investigaciones que involucren bienes públicos».
Las ONG denunciaron además que «se crean fueros y privilegios en favor de los funcionarios de la Contraloría, al quitarles el carácter de empleado de manejo aunque reciban, recauden, manejen, etc. fondos o bienes públicos», colocándoles «por encima de la ley» y excluyéndoles de «ser investigados».
Alertaron también que «se otorga poderes a la Contraloría de interferir en el manejo del personal de todas las entidades del Estado, al prohibir los despidos de los auditores internos de las instituciones que hayan sido certificados y capacitados por la Contraloría».
Ante ello, anunciaron que van a presentar acciones judiciales.
Tras la denuncia de las ONG el contralor general, Gerardo Solís, invitó a estas reunirse «para escuchar sus aprensiones y plantearles razonadamente las bondades y ventajas de la nueva ley».
Solís extendió la invitación a las ONG por considerar que «la mayoría» son «organizaciones serias, bien intencionadas y con nobles propósitos», indicó una breve misiva de la Contraloría General.
La aprobación de la nueva ley de la Contraloría ha causado polémica entre los abogados y organizaciones judiciales de Panamá, por ser, supuestamente, «inconstitucional» y han emprendido acciones legales, como lo hizo el reconocido abogado Ernesto Cedeño.
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