El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, advirtió este jueves sobre los riesgos para la implementación del acuerdo de paz en Colombia tras el cambio en la política de seguridad adoptado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. La nueva estrategia estatal determinó el cierre de las mesas de diálogo con grupos armados ilegales y la intensificación de las operaciones militares.
Las observaciones están contenidas en el informe trimestral sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el periodo entre el 27 de junio y el 26 de septiembre, y que se presentará oficialmente ante el Consejo de Seguridad en Nueva York el próximo 12 de octubre.
«Los próximos años serán decisivos para consolidar los avances logrados hasta la fecha y aprovechar al máximo las oportunidades que se presentan», enfatizó Guterres, al recordar que la administración de De la Espriella es el tercer Ejecutivo colombiano en heredar las instituciones, compromisos y responsabilidades del acuerdo suscrito en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC.
Aunque el Gobierno ha ratificado su intención de acatar la Constitución y los compromisos jurídicos adquiridos, la ONU señaló que la nueva administración no ha definido plenamente su plan de aplicación. A juicio del secretario general, dar continuidad al acuerdo contribuye de manera directa a alcanzar metas prioritarias del propio Gobierno, como la disminución de los índices de violencia y la expansión del Estado en zonas históricamente vulnerables.
Balance de las operaciones militares e impacto humano
Desde que tomó posesión del cargo el pasado 7 de agosto, el presidente De la Espriella dio por terminados los procesos de negociación con los grupos armados e incrementó el despliegue de la Fuerza Pública, enfocándose en el control territorial y la captura de cabecillas.
Guterres precisó que, tras la clasificación gubernamental de todos los grupos armados como organizaciones terroristas, se registraron múltiples acciones militares contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC los días 11, 27 y 30 de agosto, las cuales dejaron un saldo reportado de 36 muertos, entre ellos cinco menores de 15 y 16 años.
Asimismo, durante el periodo evaluado, la Misión de la ONU verificó el homicidio de ocho excombatientes de las FARC (seis de ellos en el mes de agosto), elevando a 13 la cifra de antiguos integrantes de la guerrilla asesinados durante el año.
Sostenibilidad del proceso de reincorporación y apoyo internacional
A pesar de las complejas condiciones de seguridad, el informe destacó que más de 11.000 excombatientes continúan en el proceso de reincorporación a la vida civil, un avance que Naciones Unidas considera imprescindible para la estabilidad del país.
Guterres remarcó que garantizar una financiación adecuada y duradera para estos programas es vital para evitar el rebrote de la violencia, desincentivar el reclutamiento por parte de organizaciones al margen de la ley y preservar la confianza en el proceso de paz.
Adicionalmente, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos resaltó la resiliencia de la sociedad colombiana para hacer frente a contingencias recientes, como el sismo de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto. Al respecto, el secretario general reiteró que la cooperación internacional continuará siendo indispensable para acompañar la consolidación de la paz y respaldar al país en la superación de sus desafíos estructurales.
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