El alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, alertó este viernes de una «regresión generalizada en materia de derechos humanos» en Birmania (Myanmar) durante los casi dos años transcurridos desde el golpe de Estado del 1 de febrero de 2021.
Türk afirmó en un comunicado que este retroceso afecta a los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de los ciudadanos birmanos.
El alto comisionado pidió a las autoridades del país la liberación de todos los presos políticos, incluida la exconsejera de estado y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, como vía para resolver la crisis humanitaria que atraviesa Birmania.
Además, Türk reclamó a la cúpula militar birmana que se comprometa con los cinco puntos acordados en 2021 por los líderes de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que incluían el cese de la violencia y garantías para la entrada de ayuda humanitaria en el país.
La ONU ha contabilizado al menos 2.890 víctimas mortales en Birmania desde febrero de 2021, aunque el jefe de la oficina de alto comisionado en Birmania, James Rodehaver, reconoció que la cifra real podría ser mayor.
Al menos 767 de las personas asesinadas habían sido detenidas por los militares y no fueron juzgadas antes de su ejecución.
El número de personas que han tenido que abandonar sus hogares a causa de la represión también alarma a las Naciones Unidas: 1,2 millones permanecen desplazadas dentro de Birmania y otras 700.000 han tenido que abandonar el país en los últimos dos años.
A esta cifra se suma el millón de personas musulmanas de la etnia rohinyá que han huido del país en las últimas décadas, recordó la oficina.
Actualmente, permanecen detenidas unas 13.000 personas de las 16.000 que han sido retenidas por las autoridades militares a lo largo de todo el conflicto.
En cuanto a las infraestructuras dañadas, la ONU ha registrado la quema de más de 34.000 edificios civiles, hospitales, escuelas y lugares de culto.
El alto comisionado pidió que los responsables de todos estos actos rindan cuentas ante la justicia por violar diariamente los derechos humanos, demandando además una supervisión «real y efectiva» de las fuerzas armadas de Birmania.
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