Ginebra.- El Gobierno venezolano ha conseguido «atemorizar a la población civil y desmovilizar la disidencia política» a través de actos de violación de los derechos humanos que no han sido investigados y por los que nadie ha sido sancionado, dijo hoy una misión internacional investigadora de la ONU.
De esta manera se han asfixiado las protestas, a lo cual también contribuyó la pandemia de covid-19, previa a la cual se documentó «el último pico de detenciones ilegales generalizadas seguidas de actos de tortura».
«No obstante, graves violaciones de los derechos humanos continúan produciéndose en Venezuela. Entre ellas se cuenta la detención de personas opositoras o consideradas como tales», señaló la Misión de la ONU de Determinación de los Hechos en Venezuela al presentar al Consejo de Derechos Humanos una actualización oral de las informaciones que ha procesado en los últimos meses.
La presidenta de la misión, Marta Valiñas, hizo referencia a datos de oenegés locales que cifran en 282 el número actual de prisioneros políticos (civiles y militares), a los que se les restringe el acceso a los alimentos y tratamiento médico y a una defensa legal, mientras que sus familiares sufren acoso.
Según la experta, aunque las protestas masivas se han reducido, los sindicatos -en particular de la educación, la salud y la industria siderúrgica- se han movilizado más con críticas al gobierno, lo que ha llevado a la persecución de sus dirigentes, a los que se ha acusado de terrorismo, conspiración y de asociación para delinquir.
«La misión está investigando el fundamento de estas detenciones», sostuvo Valiñas, que también denunció el recrudecimiento de ataques contra los medios de comunicación que no siguen el discurso oficial y que se pone de manifiesto en la orden de cierre de al menos 80 radios solo en 2022, «el mayor número de clausuras de este medio de difusión en las últimas dos décadas».
La misión apoyó la decisión de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de seguir investigando aparentes crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela desde abril de 2017, tras haber reunido pruebas que coinciden con las que ha recolectado la instancia de la ONU.
Valiñas volvió a pedir la cooperación del gobierno para continuar sus diligencias y que autorice la entrada al país de los miembros de la misión que preside, a lo que el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Héctor Constant Rosales, respondió acusándolos de seguir las instrucciones de países hostiles como Estados Unidos y los de la Unión Europea.
«No tomamos a la ligera la peligrosa práctica de sistematizar mentiras y presentarlas a los medios», señaló el representante del Gobierno de Nicolás Maduro, quien enfatizó que Venezuela está cooperando plenamente con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que tiene personal en el país.
Apenas terminó su intervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, Constant Rosales se retiró de la sala, evitando escuchar el subsiguiente debate sobre su país.
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