Aunque México ha avanzado en su marco regulatorio ambiental, necesita una ley general de sustancias químicas y otra sobre plaguicidas altamente peligrosos, señaló este viernes Marcos Orellana, Relator Especial de la ONU sobre sustancias tóxicas y derechos humanos, al concluir su visita oficial del 9 al 20 de marzo.
El experto examinó la gestión de residuos peligrosos, plásticos y contaminación, reuniéndose con autoridades, sociedad civil, comunidades afectadas y académicos en al menos 13 estados, incluyendo Campeche, Hidalgo y Sonora. Recibió 42 contribuciones escritas sobre temas en 20 entidades. «México debe garantizar el cumplimiento de leyes vigentes y mecanismos de coordinación entre niveles federal, estatal y municipal, especialmente en salud y ambiente», enfatizó en conferencia.
Orellana, nombrado en 2020, urgió políticas públicas de corto, mediano y largo plazo, articulando principios de prevención, precaución y responsabilidad. Expresó preocupación por «zonas de sacrificio» proliferadas por el crecimiento industrial y el aumento de importaciones de desechos bajo el eufemismo de «coprocesamiento», que externaliza costos ambientales y de salud. Alentó el reconocimiento gubernamental de Regiones de Emergencia Sanitaria y Ambiental (Resa) para impulsar planes de justicia ambiental basados en estudios científicos.
Estas observaciones son preliminares; Orellana presentará un informe completo al Consejo de Derechos Humanos de la ONU este año, destacando el liderazgo internacional de México pese a retos internos.
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