La mayor coalición opositora de Venezuela, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), registra 758 liberaciones de presos políticos en el país, un conteo que comenzó a principios de año tras un anuncio oficial de excarcelaciones y que se prolongó luego de la aprobación de la Ley de Amnistía en febrero.
A través de X, la PUD indicó que la cifra actualizada corresponde a los casos que ha podido verificar hasta las 13:15 hora local (17:15 GMT) de este martes. En ese contexto, el bloque opositor exigió que las autoridades avancen hacia liberaciones masivas, rápidas, públicas y transparentes que «garanticen la libertad de todos los presos políticos».
«A más de un mes y medio de aprobada la amnistía, Venezuela clama unida por la libertad inmediata de todos», manifestó la PUD.
La coalición no desglosó su cifra, como suele hacer la mayoría de las ONG al diferenciar entre dos tipos de liberaciones: aquellos procesos en los que las personas salen de prisión pero mantienen medidas cautelares, como presentarse ante tribunales o no salir del país, y los casos de libertad plena, cuando la persona queda sin cargos ni restricciones judiciales. Tampoco precisó cuántos de esos 758 casos corresponden a presos amnistiados ni el detalle de sus condiciones de excarcelación.
Por su parte, el diputado chavista Jorge Arreaza, presidente de la comisión de seguimiento de la ley, informó el pasado jueves que un total de 8.146 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía. En una publicación en X, Arreaza detalló que de esas 8.146 personas, 310 estaban presas y otros 7.836 tenían libertad restringida con medidas cautelares, lo que significa que ya no cumplían condenas en centros de reclusión, pero sí seguían sujetas a controles del sistema judicial.
Foro Penal
La Ley de Amnistía contempla un período de 27 años, desde 1999 —cuando el chavismo llegó al poder—, pero establece que se aplicará a personas vinculadas con 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto de ese lapso, así como delitos relacionados con operaciones militares, corrupción, homicidio o violaciones de derechos humanos.
En medio de este proceso, activistas y familiares de presos políticos mantienen vigilias permanentes en las afueras de varias cárceles del país, donde la ONG Foro Penal estima que aún quedan 503 personas detenidas por motivos políticos.
El Gobierno niega que existan presos políticos y afirma que quienes están detenidos «cometieron delitos», una versión que varias ONG y partidos opositores consideran inexacta y utilizada para justificar la permanencia de opositores y activistas bajo prisión o medidas cautelares.
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