El dirigente opositor y exdetenido político, Freddy Superlano, solicitó formalmente este miércoles a la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Caracas que se inicie una investigación exhaustiva sobre las condiciones de reclusión y las muertes registradas en diversos centros penitenciarios de Venezuela.
En las afueras de la sede del organismo internacional, Superlano entregó una misiva que contempla seis peticiones clave. Entre ellas destaca la solicitud de visitas inmediatas e imparciales a los centros de reclusión El Rodeo I, Yare II, Tocorón y Guaicaipuro, instalaciones que, según denunció, operan bajo un opaco sistema de gestión.
Opacidad en el Sistema de Máxima Seguridad
Superlano, quien estuvo privado de libertad por más de un año en El Rodeo I y El Helicoide, señaló que estas prisiones están bajo el control del Sistema Especial de Máxima Seguridad (Sesmas). El dirigente advirtió que, aunque en estos recintos laboran efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las autoridades responsables del sistema son desconocidas para la opinión pública.
Asimismo, el opositor urgió a investigar con transparencia las «cerca de 25 muertes» de ciudadanos bajo custodia estatal reportadas desde 2015. Hizo especial énfasis en casos recientes, como el del exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz, fallecido en diciembre pasado.
Demandas sobre amnistías y cooperación internacional
En el marco de la reciente Ley de Amnistía, Superlano exigió al Gobierno la publicación de una lista detallada de los ciudadanos liberados. Cuestionó las cifras oficiales y calificó como «incuantificable» la cantidad de presos políticos que aún permanecen tras las rejas.
Por otro lado, solicitó que la oficina de Volker Türk impulse una reunión de coordinación con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El objetivo es que las autoridades venezolanas permitan finalmente el acceso de estos organismos a las prisiones del país.
El contrapunto oficial
Estas solicitudes coinciden con las recientes declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien el pasado martes afirmó que más de 8.000 personas han sido beneficiadas por la amnistía desde su promulgación en febrero. No obstante, Rodríguez advirtió que algunos de los beneficiarios estarían «planificando conflictos», sin ofrecer pruebas ni nombres específicos.
La actual Ley de Amnistía, aunque abarca un periodo desde 1999, contiene exclusiones estrictas que dejan fuera casos vinculados a operaciones militares, corrupción, homicidios y violaciones graves de derechos humanos, lo que ha generado críticas sobre el alcance real de la medida para la pacificación política del país.
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