La oposición venezolana recurrió a la Corte Suprema estadounidense para que revise un fallo judicial que autoriza la venta de acciones de CITGO, filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA en Estados Unidos controlada por opositores, según la petición consultada por la AFP.
Citgo es uno de los activos del país caribeño que controla la oposición venezolana por decisión de Estados Unidos, que sigue considerando «legítimo» el parlamento de mayoría opositora elegido en 2015 a pesar de que su legislatura terminó en 2021.
Algunas empresas como OI European Group, Northrop Grumman Ship Systems, ACL1 Investments, Rusoro Mining, Koch Minerals y Gold Reserve tienen sentencias que les otorgan derechos para apropiarse de acciones de Citgo para compensar expropiaciones por parte del gobierno del país caribeño.
Normalmente las naciones y las empresas públicas se consideran entes separados pero algunas compañías han esgrimido que PDVSA es el «alter ego» de Venezuela.
Un juez del Tercer Circuito estadounidense estimó recientemente que la venta de acciones puede comenzar en los próximos meses.
La petición se ha hecho en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y de Petróleos de Venezuela S.A. En el escrito los demandantes recalcan que el gobierno del presidente Nicolás Maduro «carece de cualquier autoridad para controlar PDVSA«.
«Nuestra petición de ‘certiorari’ ha sido presentada ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que esta Corte revise el fallo del Tercer Circuito», afirmó este viernes a la AFP Horacio Medina, presidente de la junta administradora ad hoc de PDVSA nombrada por la oposición.
El certiorari es un recurso legal que permite a una parte solicitar que un tribunal superior revise el caso y determine si se ha cometido algún error.
La corte «tiene la facultad discrecional de decidir qué casos revisará y cuáles no», recordó.
La petición, presentada el miércoles, afirma que «la decisión del Tercer Circuito crea consecuencias adversas significativas en materia de relaciones exteriores con respecto a la propia Venezuela y tendrá consecuencias igualmente graves para la política exterior de Estados Unidos en general».
En más de una ocasión Maduro, cuya reelección en 2018 Washington considera fraudulenta, ha calificado de «robo» la posible subasta de Citgo.
Las demandas de los acreedores contra Citgo superan los 20.000 millones de dólares.
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