La economía de Venezuela arrancó el año diferente a lo esperado, con un «frenazo» en el primer trimestre que redujo las perspectivas de crecimiento para 2023, una tendencia que expertos prevén se revierta los meses siguientes, con mejoras en algunos sectores, entre ellos el petrolero.
El país, que perdió casi el 80 % de su producto interno bruto (PIB) entre 2014 y 2021, según estimaciones independientes, vivió un proceso de mejora que el Gobierno se ha encargado de promocionar, mientras especialistas miraban con cautela, al considerar que es «desigual» y difícil de sostener en el tiempo.
La firma Ecoanalítica, dijo a EFE su director, Asdrúbal Oliveros, esperaba para este año un crecimiento del 8 % respecto a 2022, proyección que en marzo redujo a un 2 % ante la «contracción importante del consumo» y de la actividad de «muchos sectores» durante los primeros tres meses.
«El 2023 arrancó más bien con una economía detenida, (…) y las perspectivas de crecimiento cambiaron drásticamente. (…) En este momento, el consenso (entre los analistas) está por debajo de 5 % y, en el caso nuestro, lo que vemos es un crecimiento muy exiguo de 2 %», dijo el economista, quien alertó de un deterioro «en las condiciones sociales».
Esta situación se evidencia en el descontento en la calle, donde las protestas aumentaron un 23 % en los cuatro primeros meses, cuando hubo, al menos, 3.303 manifestaciones, frente a las 2.677 del año pasado, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
Del total, 2.465 fueron de trabajadores, motivados por la «precarización de los salarios» en medio de un «escenario económico dolarizado e inflacionario», advirtió la oenegé.
Las causas
Oliveros explicó que el Gobierno ha aplicado una política «contra la dolarización» que ha tenido impactos «contraproducentes en la dinámica económica», con medidas como el cobro de un impuesto del 3 % a los pagos en divisas -que encarece los productos y «potencia la inflación»- y la restricción de la «capacidad de los bancos de transferir dólares para sus clientes».
Este plan es, a su juicio, «contradictorio», porque la dolarización, que el propio Gobierno «empezó a alentar» a partir de 2018, «ha ayudado muchísimo a generar certidumbre, a permitir el desarrollo de la actividad comercial» y a que «algunos segmentos de la población también tuvieran acceso» a divisas.
Otro factor es la «propia situación del sector público» -que emplea «cerca del 30 % de la fuerza laboral»-, donde los sueldos «son extremadamente bajos», lo que disminuye el consumo y, por tanto, la actividad comercial e industrial.
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