Este miércoles, en el marco del 19 aniversario de la despenalización parcial del aborto en la Ciudad de México, diversas organizaciones civiles exigieron a las autoridades mexicanas dar el paso definitivo: eliminar el aborto de todos los códigos penales del país. Aunque el 24 de abril de 2007 se marcó un hito al permitir la interrupción legal hasta las 12 semanas en la capital, las activistas sostienen que este marco es «insuficiente» ante el panorama actual de derechos humanos.
La exigencia se fundamenta en la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2023, que declaró inconstitucional la criminalización del aborto y ordenó al Congreso de la Unión eliminarlo del Código Penal Federal.
«Es necesario trascender la legislación de las 12 semanas. El siguiente paso debe ser la despenalización total para regular su atención exclusivamente a través del sector salud», señaló Alondra Carrasco, representante de REDefine México.
Hasta la fecha, 23 de los 32 estados han armonizado sus leyes, pero la reforma federal sigue siendo un pendiente legislativo que genera brechas en el acceso y mantiene el riesgo de persecución penal.
Balance de salud y voluntad política
Durante el encuentro, la secretaria de Salud de la Ciudad de México, Nadine Gasman, destacó la eficacia de la política pública en la capital: en casi dos décadas se han realizado cerca de 30,000 procedimientos sin una sola muerte materna. No obstante, reconoció que aún persisten retos para garantizar un acceso equitativo.
Por su parte, Dafne Cuevas, secretaria de las Mujeres capitalina, adelantó que el Gobierno local alista una ley enfocada en frenar la criminalización del aborto, buscando atender la iniciativa que quedó estancada en el Congreso local en noviembre de 2024.
Riesgo de retrocesos globales
Las organizaciones, entre ellas Católicas por el Derecho a Decidir y la Red Ddeser, advirtieron que la eliminación del delito es urgente para blindar los avances frente al auge de movimientos conservadores internacionales. Subrayaron que muchas de las figuras que impulsaron la ley en 2007 hoy ocupan cargos clave en el Gobierno Federal, por lo que la consolidación de este derecho es, ante todo, una deuda política con las mujeres y personas gestantes del país.
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