Gobierno de Panamá dijo que «rechaza de la manera más enérgica» el intento de «desvirtuar la labor humanitaria» que sus entidades, junto a organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil, realizan «en favor de los migrantes» irregulares que llegan al país tras cruzar la selva del Darién en su viaje hacia Norteamérica.
El Ejecutivo del presidente Lauretino Cortizo reaccionó así luego de que se filtrara a la prensa un documento en el que un grupo de relatorías especiales y expertos independientes de la ONU.
En el mencionado, se expresó «gravemente preocupado por las condiciones de recepción» de estos migrantes ante las «continuas denuncias sobre las condiciones inhumanas» de las estaciones a las que son llevados en Panamá.
«Panamá reitera su compromiso con el respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana internacional», indicó el comunicado oficial.
Contenido del documento
El documento del grupo de relatorías y expertos independientes, fechado en diciembre pasado, recoge denuncias sobre «las condiciones supuestamente precarias e insalubres» de las llamadas estaciones de recepción migratoria y sobre supuesto malos tratos y abusos, incluso de carácter sexual, hacia los migrantes por parte de las autoridades que las gestionan.
El Estado panameño, a través de las autoridades competentes, «ha atendido toda denuncia presentada por las personas en contexto de movilidad humana y, en ninguna de estas ha habido mención de la participación de funcionarios públicos panameños», afirmó este sábado el Gobierno.
«En caso de que estos hechos lo corroboraron, el Gobierno (…) llevará a cabo las investigaciones pertinentes hasta las últimas consecuencias», agregó el Ejecutivo.
Además, destacó que los operativos que desarrolla el crimen organizado, «especialmente contras las redes de tráfico ilícito de migrantes».
Recalcó además que 13 organizaciones internacionales, incluido el propio Sistema de Naciones Unidas, tienen presencia permanente en las ERM y en las comunidades de acogida situadas en las fronteras de Panamá con Colombia (sur) y Costa Rica (norte).
Respuesta de Panamá
El Gobierno panameño citó una «decisión de 2022» de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que señaló que «Panamá ha demostrado su compromiso para continuar realizando acciones que garanticen los derechos de las personas en situación de movilidad, entre ellas, las personas migrantes en tránsito».
Esa decisión de la Corte IDH también señaló que «no se pudo acreditar la privación de la libertad de personas migrantes» durante «la visita y entrevistas» a estas.
El escrito de las relatorías especiales y expertos independientes hace énfasis en que según la información recibida, en la ERM las personas migrantes «se encontrarían de facto privadas de libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para trasladarlas hacia la frontera con Costa Rica».
Esto es así «aunque estas estaciones no son consideradas por las autoridades panameñas como centros de detención», señala el documento.
Firma del documento
La documentación la firmó el Relator Especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales; Mumba Malila, vicepresidente del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y otros seis funcionarios.
El documento agregó que «preocupaciones similares» a las expuestas fueron objeto de una comunicación previa, pero que «hasta la fecha», de diciembre pasado, no se había «recibido ninguna respuesta» del Gobierno panameño.
«Panamá reitera que se mantiene dentro de los plazos vigentes para responder a la comunicación conjunta de 8 expertos independientes», dijo el comunicado oficial.
Las ERM están situadas en las fronteras sur y norte de Panamá. Allí los migrantes en tránsito reciben atención sanitaria y alimentación y se les toman los datos biométricos, lo que permite a Panamá contabilizarlos: 248.284 en el 2022 – una cifra sin parangón – 133.726 en el 2021 y 30.055 de 2016, durante la primera crisis migratoria debido al paso de cubanos.
Ningún otro país en América ofrece de este tipo asistencia a los migrantes en tránsito, afirma el Gobierno panameño, que ha invertido desde el 2020 al menos 50 millones de dólares según sus cifras.
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