Fotografía de archivo del 28 de julio de 2024 del vocero de ConVzla, el abogado Perkins Rocha (c), mientras hace una declaración en Caracas (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos

El Gobierno de Paraguay condenó este miércoles la detención, que tachó de «ilegal», del abogado Perkins Rocha, asesor jurídico de la principal coalición de oposición en Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

«Rechazamos la persecución a dirigentes opositores y exigimos el respeto a los derechos fundamentales de las personas», publicó en su cuenta en la red social X el Ministerio de Relaciones Exteriores en Asunción.

Paraguay se pronunció un día después de que la líder opositora venezolana María Corina Machado denunció la detención de Rocha.

A través de la red social X, Machado dijo que ha sido «secuestrado» su «amigo y compañero de causa», en referencia al jurista, a quien describió como «un hombre justo, valiente, inteligente y generoso».

El Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV) -formación que lidera Machado- señaló que «sujetos no identificados se llevaron a la fuerza» a Rocha, quien también fue testigo del bloque opositor ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) en las presidenciales del pasado 28 de julio.

Manuel Rosales

El partido exigió, en X, información sobre su paradero, así como su «inmediata liberación».

En el mismo sentido se pronunció el gobernador del estado venezolano de Zulia (noroeste), el opositor Manuel Rosales, quien exigió en la víspera la liberación «inmediata» del abogado.

Recientemente, Rocha manifestó que Nicolás Maduro «se resiste a aceptar lo que toda Venezuela sabe», en referencia a la victoria que la PUD asegura que obtuvo su abanderado, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales, según «el 83,5 % de las actas» que dice haber recogido a través de testigos y miembros de mesa, unos documentos que el Gobierno califica de «falsos».

Según cifras oficiales, más de 2.400 personas han sido detenidas desde el 29 de julio -algunas en manifestaciones y otras en operativos policiales-, mientras que 25 personas fallecieron en hechos de violencia que el Gobierno atribuye a la oposición, mientras que el antichavismo culpa a las fuerzas de seguridad del Estado, por orden de superiores.

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