La Asamblea Nacional elegida en 2025, bajo la presidencia de Jorge Rodríguez, será el escenario institucional encargado de ejecutar la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), tal como fue acordado en la mesa de diálogo con sectores de la oposición venezolana. El Parlamento ya dio un primer paso al aprobar por unanimidad el proyecto de reforma parcial de la Ley Orgánica del TSJ, cuyo eje central es adecuar la estructura del Comité de Postulaciones Judiciales y reactivar el proceso de designación de magistrados en el país.

La decisión, respaldada por todos los bloques legislativos, sienta las bases para un cambio en la conformación del máximo tribunal, en línea con los compromisos asumidos en las conversaciones políticas que se han venido desarrollando durante los últimos meses.

Reforma clave
La modificación más sustancial de la ley consiste en ampliar el Comité de Postulaciones de 23 miembros, con una redistribución que marca un giro significativo: actualmente, el comité está integrado mayoritariamente por diputados, pero con la reforma se establece que 11 de sus integrantes serán parlamentarios y 12 provendrán de la sociedad civil.

Este nuevo equilibrio busca garantizar una representación más amplia y diversa en el proceso de selección de los futuros magistrados, incorporando voces externas al Poder Legislativo que aporten criterios técnicos y ciudadanos a la evaluación de los aspirantes. La iniciativa ha sido celebrada por sectores que abogan por una mayor transparencia en la designación judicial, aunque también ha generado expectativas sobre cómo se concretará la participación de la sociedad civil en un mecanismo que históricamente ha estado dominado por el factor político.

Marco constitucional
La decisión de fondo fue defendida con firmeza por su presidente, Jorge Rodríguez, quien subrayó que la Constitución atribuye a la Asamblea Nacional la competencia exclusiva para legislar y ejercer el control político sobre los demás poderes públicos. “Las decisiones que por Constitución le corresponden a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela solamente serán discutidas, decididas, según está establecido en el Reglamento Interior y de Debate que es Ley Nacional, en la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela que fue debidamente electa”, afirmó el diputado, zanjando así cualquier posibilidad de que fueran espacios ajenos al aforo parlamentario los que tomaran determinaciones sobre la arquitectura institucional del país.

Con esta declaración, Rodríguez buscó despejar dudas sobre eventuales injerencias de otros poderes o instancias no electas en un proceso que, a su juicio, debe ceñirse estrictamente al ordenamiento jurídico vigente.

Diálogo abierto
En su intervención, el presidente del Parlamento aseguró que se han emprendido procesos de diálogo con todos los sectores de la oposición venezolana, sin distinción, y ratificó su compromiso de efectuar las deliberaciones con la mayor amplitud posible. “Quiero dejar claro aquí que hemos convocado a todos los sectores de la oposición, a las partes, a las no partes, si quieren juntos, si quieren revueltos o si quieren uno por uno, estamos plenamente dispuestos a dar la discusión”, sentenció Rodríguez, en un tono que buscó transmitir disposición al entendimiento y flexibilidad para encauzar las diferencias.

Agregó que “si algo ha caracterizado a los gobiernos existentes desde 1999 hasta la fecha ha sido el talante y el diálogo constructivo”, una frase que, más allá de la carga política, evidencia la intención oficialista de enmarcar el proceso de renovación judicial en una narrativa de concertación y estabilidad democrática.

En la Asamblea Nacional se aseguró que el proceso se desarrollará con transparencia, pulcritud y amplitud.

Expectativas ciudadanas ante los cambios en el país
La renovación del TSJ es vista por diversos analistas como una prueba de fuego para la credibilidad del sistema de justicia venezolano, que ha sido objeto de señalamientos por parte de organismos internacionales. En este contexto, la composición del Comité de Postulaciones, con mayoría de la sociedad civil, adquiere relevancia, pues podría atenuar las críticas si el proceso se conduce con criterios objetivos y participativos.

El secretario nacional de organización del partido Cambiemos y diputado a la Asamblea Nacional, Oliver Ponce, destacó que la reforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe estar orientada a una representación de la ciudadanía donde el carácter jurídico sea el centro de todo debate.

Hasta el momento, las autoridades legislativas no han fijado una fecha concreta para la instalación del nuevo Comité de Postulaciones ni para la conclusión del proceso de selección de magistrados. Se espera que en las próximas semanas se publiquen los detalles del reglamento interno que regirá las postulaciones, así como los plazos para la recepción de hojas de vida y las entrevistas a los aspirantes. Mientras tanto, el actual TSJ continúa ejerciendo sus funciones. La transición hacia un nuevo tribunal, en este escenario es clave.

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