El Parlamento venezolano estableció este miércoles el cronograma de trabajo oficial para conformar el Comité de Postulaciones Judiciales, instancia encargada de evaluar y seleccionar a los aspirantes que renovarán a las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
El presidente de la comisión preliminar de postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó desde el Palacio Federal Legislativo que este viernes se publicará la convocatoria abierta en medios impresos y digitales. El objetivo es seleccionar a 12 representantes de la sociedad civil, quienes se sumarán a 11 diputados para estructurar formalmente el comité evaluador.
Plazos de recepción y juramentación de la instancia
De acuerdo con el cronograma presentado, el proceso de recepción de credenciales se mantendrá activo hasta el próximo 9 de octubre. Posteriormente, se iniciará la fase de revisión y baremo técnico de los 12 integrantes independientes.
Sobre el avance de los lapsos, el diputado opositor e integrante de la comisión preliminar, Luis Florido, estimó que la lista definitiva de la sociedad civil será presentada ante la plenaria del Legislativo el 15 de octubre, previendo la juramentación formal del Comité de Postulaciones para el día 16 de octubre. Florido enfatizó que la reestructuración busca consolidar un máximo tribunal «que le responda a todos los venezolanos y permita reconstruir el sistema judicial».
Filtros independientes y acuerdos de la transición
El procedimiento se rige bajo la reforma aprobada por la Asamblea Nacional el pasado 1 de septiembre, la cual incrementó de 11 a 12 la cuota de voceros de la sociedad civil en el comité. La modificación respondió a los consensos alcanzados entre las bancadas parlamentarias y sectores opositores en las mesas de negociación.
Asimismo, la arquitectura del proceso contempla la operatividad paralela de un consejo consultivo integrado por siete juristas —cuatro de ellos designados por sectores de la oposición—, instancia que actuará como filtro técnico adicional para velar por la equidad, transparencia e independencia de los magistrados elegidos. Este mecanismo fue pactado en la agenda de entendimiento político tras los acontecimientos de enero pasado.
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