Parlamento panameño aprobó el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá, una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals (FQM), para la explotación de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, en medio de protestas en rechazo a la actividad minera.
La Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate este criticado contrato ley con 44 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones entre los diputados presentes en una atípica sesión parlamentaria, que no suele convocarse los viernes.
En su discurso antes de la votación, la diputada Zulay Rodríguez, crítica con su propia formación, el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), expuso lo contradictorio de este acuerdo.
La diputada criticó que un partido como el PRD, fundado por el general Omar Torrijos que acordó con Estados Unidos la devolución de la soberanía del Canal a Panamá, ahora «está vendiendo la nación panameña» con este contrato minero.
También el legislador independiente Juan Diego Vázques, una de las voces más críticas del pacto minero, señaló que «este contrato no es conveniente (para el país) por cómo se dio, ni cómo se enmarcó el debate».
Tras la aprobación en tercer debate, el contrato ley tendrá que sancionarla, ahora, el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, cuyo Gobierno negoció durante más de un año con la empresa Minera Panamá, después de que el anterior acuerdo lo declararan inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2017.
Nuevo contrato
El nuevo contrato establece un ingreso mínimo anual de 375 millones de dólares al fisco, el pago de impuestos antes exentos, y amplios poderes de supervisión estatal a la operación de la mina, que exporta desde 2019.
La discusión del contrato minero regresó esta semana al Parlamento después de que el Ejecutivo hiciera algunos cambios sugeridos por los diputados, que han tacharon como «maquillaje» por los ambientalistas y los sindicatos, que denuncian que el documento adolece de los mismos vicios por los que el anterior lo declararon inconstitucional.
Entre los cambios aplicados al contrato ley está la eliminación de «las cláusulas de expropiación» de tierras y la condición que «permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo» a la vez que se incluyó un apartado que «reafirma que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de Panamá sobre su territorio».
También se suprimió la disposición que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata y molibdeno.
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