El paro de mineros en los departamentos colombianos de Antioquia y Córdoba que completa 12 días de alteraciones al orden público, bloqueos, ataques a misiones médicas y otros hechos violentos alimentados por la banda criminal del Clan del Golfo se ha convertido en un desafío para el Estado colombiano.
El «falso paro de mineros», como lo calificó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, no solo tiene confinadas a más de 250.000 personas de 16 municipios del noroeste colombiano con escasez de alimentos y desabastecimiento de otros productos, incluso de gas, sino que sumió en el caos a las subregiones del Bajo Cauca y Nordeste.
Los mineros protestan desde el 2 de marzo contra las operaciones del Ejército y la Policía contra la minería ilegal en la zona, pero, según las autoridades, detrás de esa movilización está el Clan del Golfo, que se lucra de la explotación de minerales en distintas partes del país.
En esas zonas se han producido en los últimos días ataques a poblaciones y a la fuerza pública, disparos y detonaciones y la quema de tres máquinas de una obra vial y varios camiones, entre otros actos de vandalismo.
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