El partido Voluntad Popular (VP), parte de la mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), denunció que este domingo se cumplen siete meses de lo que consideró la «injusta» detención, por segunda vez, de su activista político Roland Carreño.
«Roland sigue injustamente tras las rejas (…). No ha cometido ningún delito», aseguró la formación en su cuenta de X.
Asimismo, afirmó que Carreño «solo es un periodista, defensor de derechos humanos, activista y venezolano comprometido con la libertad y la democracia», y así lo demostró, agregó, con su apoyo a los líderes antichavistas María Corina Machado y Edmundo González Urrutia en las presidenciales de julio de 2024.
VP recordó que la Administración de Nicolás Maduro detuvo por primera vez a Carreño Roland el 26 de octubre de 2020 -acusado de financiamiento al terrorismo, conspiración y tráfico ilícito de armas de guerra- y fue excarcelado el 18 de octubre de 2023, tras un acuerdo firmado entonces entre el chavismo y la PUD, en Barbados.
Venezuela
Carreño fue nuevamente arrestado el 2 de agosto de 2024 tras las presidenciales que se celebraron en Venezuela el mes anterior, en las que la PUD denuncia fraude al considerar que González Urrutia fue el ganador y no Maduro, como proclamó el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo.
El sábado, VP pidió la liberación de su dirigente político Freddy Superlano, detenido también hace siete meses, a quien defendió al asegurar que «no ha cometido ningún delito».
Además, denunció que desconoce el paradero de José Manuel Mora, activista político de sus filas que, según la formación, fue «detenido arbitrariamente» el pasado jueves por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en el estado Apure (oeste, fronterizo con Colombia).
Según la ONG Foro Penal, en el país hay 1.060 «presos políticos», la mayoría arrestados tras las presidenciales, algo que niegan la Administración de Maduro y la Fiscalía, que consideran que los detenidos cometieron diversos delitos, lo que rechazan varias ONG y partidos opositores.
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