El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este martes la existencia de una «mafia internacional» que involucra a Chile, Argentina y Paraguay, dedicada al robo, adulteración y sabotaje de gasolina y diésel, que generó perjuicios económicos de hasta 150 millones de dólares al país, y que, según afirmó, estuvo vinculada a la gestión del exmandatario Luis Arce.
En una conferencia de prensa en La Paz, Paz sostuvo que estas operaciones ilegales estuvieron asociadas a «mafias que controlaron los hidrocarburos» en el Gobierno anterior y que, durante al menos dos años, provocaron que la población boliviana enfrentara filas de «varios días» para acceder a combustible.
«Agradecemos la colaboración de Chile en las investigaciones de estos delitos, que calificamos de traición a la patria», indicó el mandatario, al afirmar que, junto al Gobierno de Chile, se han identificado redes y familias involucradas, algunas de las cuales, según señaló, «ya se encuentran en la cárcel». En ese contexto, mencionó a Luis Arce y su hijo Marcelo Arce Mosqueira, ambos recluidos por otros casos de corrupción vinculados a funciones en el Gobierno de Evo Morales y a la «legitimación de ganancias ilícitas».
De acuerdo con Paz, la red operaba en varios países y robaba el combustible boliviano, que luego era adulterado con agua y otros productos antes de reintroducirlo al mercado nacional, lo que causó daños en miles de vehículos. El mandatario indicó que el perjuicio económico, estimado en 150 millones de dólares, equivale a unos 150 millones de litros de combustible afectado, según los datos de la investigación conjunta.
Arica e Iquique
El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, precisó que el esquema se desarrolló entre octubre de 2025 y marzo de 2026 y que se extendió entre Bolivia, Chile, Argentina y Paraguay. Explicó que el modus operandi comenzaba en rutas hacia ciudades chilenas como Arica e Iquique, desde donde las cisternas salían hacia pozos de agua, donde se extraían entre 700 y 1.000 litros de gasolina para mezclar con agua, aceite usado y otros residuos y luego volver a introducirla en las mismas cisternas.
Según Oviedo, unas 5.000 cisternas habrían sido utilizadas en estas operaciones, que impregnaron el mercado boliviano de combustible adulterado y dejaron un saldo de daños masivos en el sector transporte.
En medio de la denuncia, el Gobierno de Paz decidió el cambio en la presidencia de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), con la salida de Yussef Akly y la designación de Claudia Cronenbold. Al tomar el juramento, Paz afirmó que se inicia un «segundo tiempo» para la empresa estatal, con el objetivo de que recupere su rol y se convierta en una compañía «pujante», y que el Ejecutivo respaldará la lucha contra la corrupción para que la petrolera deje de estar controlada por «grupos de poder».
La denuncia y el cambio en la dirección de YPFB se producen después de protestas de transportistas en La Paz y El Alto, que denunciaron daños en motores por la mala calidad del combustible. Según datos oficiales, Bolivia importa casi el 100% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, lo que eleva la sensibilidad del país frente a irregularidades en la cadena de suplemento y comercialización.
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