Un grupo de personas toma parte en una manifestación por mejoras salariales, hoy, en Caracas (Venezuela). EFE/Miguel Gutiérrez

El Partido Comunista de Venezuela (PCV) denunció «despidos ilegales» y «renuncias forzosas» en instituciones y empresas del Estado, entre las que -aseguró- se encuentran Petróleos de Venezuela (PDVSA) y la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Tenemos noticias de despidos ilegales y renuncias forzosas en PDVSA, Corpoelec y el sector de la salud», dijo Jaqueline López, miembro de la formación.

Asimismo, aseguró que los empleados, sin especificar de qué sector, «los amenazan y persiguen en sus centros de trabajo», tras haber declarado abiertamente «su rechazo» a «la gestión» del Gobierno, así como expresar sus «dudas» sobre el resultado oficial de las presidenciales, que otorgó la reelección a Nicolás Maduro.

Además, López aseguró que trabajadores del canal estatal VTV «los despidieron por razones políticas», algo que denunció el pasado jueves el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela a través de X, donde aseguró que estos empleados los retiraron de su cargo por darle ‘me gusta’ a «cualquier publicación» de la líder opositora María Corina Machado o «por escribir ‘fraude’ es sus estados de WhatsApp», en referencia al resultado electoral.

Acoso laboral contra empleados públicos

López, que no facilitó más datos de los presuntamente despedidos, también alertó sobre «prácticas de acoso laboral» que se «han acentuado en espacios de trabajo vinculados al sector (de) educación», así como en «gobernaciones y alcaldías» cuyas localizaciones no precisó.

Esta «escalada del Gobierno», prosiguió, «agrava la arremetida represiva contra los sectores populares registrada los primeros días tras las elecciones», cuando se desencadenaron en el país protestas contra el resultado oficial de las elecciones, que dejaron más de 2.400 detenidos y 25 muertes, según las autoridades venezolanas.

Ante esta situación, López alertó sobre una «represión masiva» contra «sectores vulnerables», mientras «se mantiene también la persecución contra dirigentes y activistas de organizaciones políticas, sociales y sindicales».

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