El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció este lunes la disolución de las Cortes Generales y el adelanto de las elecciones generales para el próximo domingo 29 de noviembre.
Sánchez adoptó esta medida tras la derrota parlamentaria de dos decretos sobre vivienda presentados por su Ejecutivo el pasado viernes, en un contexto de creciente movilización social intensificado por el desahucio en Madrid de una mujer de 87 años.
«Ultraderecha o justicia social»: la encrucijada del electorado
En una comparecencia desde el Palacio de la Moncloa, el jefe del Ejecutivo defendió el balance de su gestión y emplazó a la ciudadanía a decidir si desea que España se sume a la «ola ultraderechista» de recortes de derechos o si prefiere consolidar al país como un «baluarte de apertura, justicia social y responsabilidad medioambiental».
Sánchez, quien comunicó la decisión al rey este domingo, destacó que su Gobierno implementó «medidas valientes» para reforzar el Estado del bienestar. Asimismo, subrayó la negativa de su gabinete a sacrificar las políticas sociales en favor del incremento del 5 % en gasto militar exigido por Estados Unidos y la OTAN, reafirmando su compromiso con un modelo global frente a «tiranos, tecnooligarcas y genocidas».
No obstante, reconoció errores y admitió que el Ejecutivo no logró cumplir con la totalidad de sus objetivos. Por ello, justificó la convocatoria de comicios para obtener una mayoría progresista más amplia que permita «doblegar a las élites», conquistar nuevos derechos y dar continuidad a la transformación del país.
Bloqueo parlamentario y presión en las calles
La decisión llega tras un periodo de reflexión abierto el viernes, impulsado por el rechazo en el Congreso a los decretos dirigidos a frenar la escalada de los precios del alquiler. La votación en contra de la oposición conservadora (Partido Popular) y la extrema derecha (Vox), sumada al voto decisivo de los independentistas catalanes de Junts, bloqueó las iniciativas gubernamentales.
El revés parlamentario coincidió con un clima de protestas sociales masivas, acampadas y manifestaciones —principalmente en Madrid— para exigir el acceso a una vivienda digna, precios asequibles y la paralización de desahucios a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
Fin del compromiso de agotar la legislatura
Hasta ahora, Sánchez sostenía que agotaría la legislatura iniciada en 2023 y mantendría los comicios previstos para 2027. Sin embargo, la fragilidad de la coalición entre el Partido Socialista y Sumar, sumada a la falta de apoyos estables —especialmente por parte de Junts—, imposibilitaba la aprobación de leyes clave. A estas dificultades parlamentarias se añaden las investigaciones por presunta corrupción que afectan al Partido Socialista y al entorno familiar del presidente.
Duras críticas a la oposición y retos globales
Durante su intervención, Sánchez acusó a la oposición de ejercer la gestión «más destructiva» de la historia democrática reciente, recriminándoles cuestionar la legitimidad del sistema electoral, bloquear avances sociales y utilizar su poder regional y municipal para boicotear las medidas del Ejecutivo. En contraste, agradeció a las fuerzas políticas que priorizaron los acuerdos en beneficio de la mayoría.
Finalmente, el presidente admitió la insatisfacción de parte del electorado ante el bloqueo de sus intereses en el Parlamento y advirtió de que el país afronta una era de «grandes peligros» marcados por la crisis climática, la polarización social y la irrupción de la inteligencia artificial. En este escenario, concluyó, corresponderá a los votantes definir el rumbo de España.
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