El Gobierno de Perú autorizó este viernes una transferencia de 46,6 millones de soles (12,6 millones de dólares u 11,7 millones de euros) para financiar la adquisición y gastos de diversos recursos de la Policía Nacional (PNP) para el cumplimiento de sus funciones en las zonas del país declaradas en estado de emergencia.
Un decreto publicado en el diario oficial El Peruano indicó que la transferencia se realizará tras recibir una solicitud del Ministerio del Interior para financiar los gastos en pasajes y viáticos por comisión de servicio, alquiler de vehículos, carpas y bolsas de dormir para los agentes en las zonas en emergencia.
Esta financiación, detalló, se concretará mediante una transferencia de partidas del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023, con cargo a los recursos de la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
En la parte expositiva del decreto se indicó que la PNP «ejerce competencia funcional y exclusiva a nivel nacional en materia de orden interno y orden público, así como, competencia compartida en materia de seguridad ciudadana».
Recordó, en ese sentido, que a partir del pasado 15 de enero se decretó el estado de emergencia en varias de las principales redes viales del país, en medio del contexto de las protestas antigubernamentales, una medida que se mantiene vigente tras ser prorrogada mediante sucesivos decretos.
Además, a partir del 6 de febrero pasado se decretó el estado de emergencia en los departamentos sureños de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, donde la Policía Nacional mantiene el control del orden, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
Esto se da con la excepción del departamento de Puno, fronterizo con Bolivia, donde el control del orden interno se encuentra a cargo de las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional.
Se indicó que los recursos transferidos desde la Reserva de Contingencia del MEF «no pueden ser destinados, bajo responsabilidad, a fines distintos para los cuales son transferidos».
El decreto fue firmado por la presidenta de Perú, Dina Boluarte, y el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras.
Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado que intentó dar el pasado 7 de diciembre el entonces presidente Pedro Castillo y continuaron desde enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al Gobierno de Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado por ser la vicepresidenta.
Según diversas fuentes, al menos 49 civiles murieron durante esos enfrentamientos, mientras que las protestas dejaron, en total, 77 fallecidos, ya que otras personas, entre ellas varios haitianos, también fallecieron por acciones como el bloqueo de carreteras.
El martes pasado, la PNP desplegó a más de 4.000 agentes en distintos puntos de Puno, donde gremios y organismos sociales convocaron una paralización de 24 horas en rechazo al Gobierno.
Aunque esta paralización no tuvo mayor apoyo ciudadano, los líderes de diversos gremios regionales del sur del país señalan que ha sido el reinicio de las protestas que piden la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones generales.
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