Un grupo de 71 familias guayanesas se concentró frente a la sede del Palacio de Justicia para exigir respuestas contundentes tras haber sido víctimas de una presunta estafa agravada por parte de la empresa Alfa Motors.
Los afectados denunciaron que, tras meses de espera, las autoridades judiciales no han emitido una resolución que permita recuperar el patrimonio perdido, estimado en más de 100 mil dólares.
Bajo las consignas de «justicia» y transparencia, los manifestantes señalaron a dos representantes del negocio como los responsables de orquestar un esquema de captación de dinero que ha dejado un vacío económico y emocional en decenas de hogares.
Promesas engañosas de financiamiento
El caso, que actualmente cursa en el Tribunal Quinto de Control y la Fiscalía Primera del Ministerio Público del municipio Caroní, describe un patrón de engaño mediante promesas de financiamiento accesible para la adquisición de motocicletas.
«Nos vendieron un sueño de papel. Hay gente que entregó lo poquito que tenía, confiando en que esta empresa cumpliría. Lo que recibimos fueron excusas, oficinas cerradas y un silencio que huele a estafa», declaró Julio Narváez, vocero principal de los afectados.
Muchos de los denunciantes son trabajadores y padres de familia que buscaban en la motocicleta una herramienta de trabajo o un medio de transporte ante la crisis de movilidad en la entidad.
El daño patrimonial se traduce en cuotas iniciales y pagos administrativos que nunca se materializaron en la entrega de los vehículos.
Solicitud de los agraviados
La comunidad afectada hace un llamado al sistema de justicia del estado Bolívar para que actúe con la celeridad que amerita el caso.
Asimismo, solicitan evitar el diferimiento de audiencias y ralentización del caso en el Tribunal Quinto de Control, medidas cautelares que permitan la recuperación del capital invertido por los 71 afectados y por último, que los señalados den la cara ante la justicia por el daño moral y patrimonial causado.
Para los afectados, el silencio administrativo no es una opción.
«No vamos a descansar hasta que el último centavo lo devuelva o hasta que haya justicia», sentenció Narváez.
La mirada de las familias guayanesas permanece fija en las decisiones del Palacio de Justicia, esperando que el sistema proteja al ciudadano honesto y no a quienes utilizan el comercio como fachada para el engaño.
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