Fotografía de una mujer que sostiene un cartel durante una vigilia frente a la sede del Ministerio Público (Fiscalía) en Caracas (Venezuela) para pedir la liberación de los "presos políticos". EFE/ Ronald Peña

Varias organizaciones no gubernamentales de Venezuela exigieron este lunes, con motivo del Día Internacional de los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la liberación de activistas considerados «presos políticos» en el país.

El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió la libertad del director de la ONG Fundaredes, Javier Tarazona -detenido en julio de 2021-, y de Rocío San Miguel, presidenta de la ONG dedicada a asuntos militares Control Ciudadano, aprehendida hace 10 meses.

En X, el OVP aseguró que el trabajo de ambos activistas y «tantos otros defensores» es «fundamental no solo para documentar las violaciones a los derechos humanos, sino también para dar voz a aquellos que no pueden alzarla por sí mismos».

«En un contexto de creciente autoritarismo, el compromiso de estos individuos con la justicia y la verdad es más importante que nunca. Hoy, al movimiento de los DD.HH. en Venezuela nos faltan Rocío y Javier. Seguimos luchando por su libertad», expresó.

Mujeres activistas

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia destacó, a través de una publicación en X, el «coraje de mujeres como Rocío San Miguel, quien ha arriesgado su vida en pro de la defensa de los DD.HH.», y exigió también su liberación, una solicitud a la que se sumaron otras ONG como Provea y Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), también con mensajes en la red social.

Por su parte, la organización Súmate, dedicada a temas electorales, pidió la liberación de su coordinadora nacional de formación, Nélida Sánchez, detenida el 26 de agosto, a quien describió como una defensora de derechos humanos.

«El Estado debe reparar y resarcir los daños morales y físicos causados con su detención injusta y un proceso judicial viciado de nulidad», expresó.

Distintas organizaciones exigen a diario la libertad sin restricciones de los «presos políticos» en el país, un total de 1.905 -según la ONG Foro Penal-, la gran mayoría detenidos tras las elecciones de julio, cuando se desató una crisis política a raíz de la proclamación de la controvertida victoria del presidente Nicolás Maduro y la denuncia de fraude de la oposición mayoritaria.

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