La oposición mayoritaria de Venezuela hizo este martes un llamado a la Corte Penal Internacional (CPI) – que investiga la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en el país- a que documente las tres recientes muertes de detenidos en el contexto de las protestas contra la cuestionada reelección del presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado, la mayor coalición antichavista -la Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- pidió a este tribunal de La Haya y, en general, a la comunidad internacional y defensores de derechos humanos que, ante «estos sucesos que hoy enlutan a familias venezolanas», documenten esos «dolorosos casos».
El pasado lunes, ONG y opositores denunciaron la muerte en prisión de Osgual Alexander González Pérez, de 43 años, detenido el 1 de agosto junto con su hijo, de 19.
Jesús Manuel Medina Martínez
Este caso se sumó al de Jesús Rafael Álvarez, de 44 años, detenido el 2 de agosto junto con su esposa y fallecido el pasado jueves; y al de Jesús Manuel Medina Martínez, de 36, aprehendido el 29 de julio, quien murió el pasado noviembre, según organizaciones no gubernamentales.
Hoy, la PUD condenó «las muertes de ciudadanos bajo custodia del Estado que, lamentablemente, han sido verificadas, por la falta de atención médica oportuna».
Según la alianza opositora, la situación que «sufren los presos políticos y comunes en las cárceles venezolanas son violatorias de los derechos humanos y se constituyen en delitos para quienes tienen la responsabilidad de brindar la debida y oportuna asistencia médica y no la garantizan».
«Esta denegación de acceso a la salud ha ocasionado la muerte de varios ciudadanos, a quienes se les negó la debida atención médica, a pesar de que, en muchos de los casos, han sido hechos públicos y notorios las solicitudes y denuncias de sus familiares», aseguró el bloque.
Por tanto, exigió la libertad de «todos los presos políticos» en el país caribeño -cifrados en 1.913 por la ONG Foro Penal- y «justicia para las víctimas y sus familiares».
Oficina del Alto Comisionado de la ONU
Este martes, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) abogó porque la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) -que regresó de forma parcial al país tras su expulsión en febrero- interceda para que se liberen a todos los «presos políticos».
La Fiscalía informó este lunes que 533 personas detenidas en el contexto poselectoral fueron excarceladas, luego de una solicitud al Poder Judicial de la revisión de medidas de 179 nuevos casos, que se sumaron, según la fuente, a las 354 ejecutadas en las últimas semanas.
Estas liberaciones se dieron en paralelo a nuevas detenciones, como las de dos miembros del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado; la del exconcejal de Caracas Jesús Armas; la del alcalde de Cabimas, estado Zulia (noroeste), Nabil Maalouf; y la del activista Luis Palocz.
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
