La Policía dominicana incriminó por error a un ciudadano venezolano en un caso por el que se investiga a una banda sospechosa de fabricar medicamentos adulterados, con la finalidad de enviarlos de contrabando a Venezuela.
El ciudadano incriminado es un venezolano nacionalizado dominicano, según un documento de la Fiscalía del municipio de Santo Domingo Este, que acredita que este hombre no ha sido sometido a la Justicia penal por este caso.
La Procuraduría General de la República Dominicana (PGR), consultada por Efe, acreditó la autenticidad de esa certificación en la que se niega que el criollo lo investigaran.
El acusado demostró a la Fiscalía que es trabajador de la empresa farmacéutica Distribuidora Francisca Duarte y se comprometió a colaborar con las autoridades en calidad de testigo.
Incriminación sin fundamentos
La Policía incriminó a venezolano-dominicano en un comunicado enviado a la prensa el día que se desarticuló la banda que fabricaba los medicamentos adulterados, el pasado 19 de julio.
La banda está integrada por Pedro Daniel González Bello, Ángel Rafael Camejo Coello y Jacqueline Fernández Méndez, según el documento de la Fiscalía.
Sin embargo, la Procuraduría no confirmó qué miembros de la banda están procesando en el caso, por el que inicialmente detuvieron a cuatro personas.
La operación policial, realizada el pasado 19 de julio en tres ciudades dominicanas, resultó en la incautación de 22.381 cajas de medicamentos, 10.000 frascos y 6.676 ampollas con fármacos para el tratamiento de múltiples enfermedades.
El valor de los medicamentos adulterados asciende a 16,196 millones de pesos, equivalentes de unos 317.000 dólares, según los cálculos de la Policía.
Además, se confiscaron una gran cantidad de equipos de laboratorio, productos químicos y materias primas para la elaboración de los medicamentos, así como un minibús y dos automóviles.
La organización operaba sin contar con los permisos sanitarios e industriales, ni de exportación que expiden el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Aduanas dominicanos, por lo que los fármacos confiscados los enviaron al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar sus propiedades químicas.
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