Polonia amanece en incertidumbre institucional tras una noche de máxima tensión en el Tribunal Constitucional

Polonia vive este sábado una jornada de profunda incertidumbre institucional tras una noche de alta tensión en la sede del Tribunal Constitucional (TC) en Varsovia. El control del organismo se encuentra disputado entre los magistrados respaldados por la mayoría parlamentaria del primer ministro, Donald Tusk, y la directiva avalada por el presidente de la República, Karol Nawrocki.

Los acontecimientos se desencadenaron la tarde del viernes cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión por un mes del presidente del TC, Bogdan Święczkowski, y de su vicepresidente, asumíendo la dirección del ente. A solicitud de la magistrada, la Policía ingresó al perímetro para impedir el acceso a las autoridades suspendidas, lo que generó choques nocturnos y enfrentamientos entre agentes antidisturbios, manifestaciones ciudadanas y parlamentarios de la oposición apostados en la entrada.

Denuncia presidencial y choque de competencias jurídicas

La escalada obligó al presidente Nawrocki a interrumpir su visita oficial a Senegal y regresar de urgencia a la capital. Pasada la medianoche, el mandatario ingresó a la sede judicial acompañado por el primer presidente del Tribunal Supremo, Zbigniew Kapiński, desde donde denunció «una violación del orden constitucional» y una «toma por la fuerza de un órgano constitucional del Estado», anunciando consultas urgentes con las bancadas parlamentarias.

El argumento de Korwin-Piotrowska para asumir el mando se basa en el artículo 12.4 de la ley de 2016 sobre el TC, amparándose en su antigüedad ante la alegada incapacidad del presidente para autorizar a un sustituto. Sin embargo, la medida es ampliamente objetada: sectores juristas recuerdan que la suspensión de la directiva corresponde a la Asamblea General del tribunal, al tiempo que la Presidencia señala que la magistrada no ha jurado el cargo ante el jefe de Estado y cuestiona su criterio de antigüedad frente a otros jueces.

Por su parte, el primer ministro Donald Tusk sostiene que los nuevos jueces fueron electos conforme a la Carta Magna y acusó al presidente de «abdicar» de sus funciones constitucionales al negarse de forma reiterada a tomarles juramento.

Las raíces históricas de la parálisis institucional

El conflicto actual encuentra sus antecedentes en las polémicas reformas al sistema de justicia promovidas entre 2015 y 2023 por el anterior Gobierno del partido ultraconservador Ley y Justicia (PiS). Dichas modificaciones llevaron a la Unión Europea a activar en 2017 el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la UE por riesgo al Estado de derecho y a imponer sanciones económicas contra el país.

Aunque la administración de Tusk logró desbloquear los fondos comunitarios y cerrar el expediente del artículo 7 en mayo de 2024 tras presentar un plan de restitución institucional, la resistencia de la directiva saliente y de la Presidencia ha dejado al Tribunal Constitucional en una situación de bloqueo permanente, donde sus integrantes desconocen mutuamente su legitimidad.