El 23 de enero de este año, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente “interino” de Venezuela. De inmediato fue reconocido por Estados Unidos y 12 países del Grupo de Lima. Se comprometió ante el país de librar una lucha sin tregua por la libertad y recuperación de la democracia. Para ello se planteó 3 objetivos concretos y lógicos: 1. Cese de la usurpación 2. Gobierno de Transición y 3. Elecciones libres. Objetivos muy diáfanos que permitió la reunificación de los factores opositores y su involucramiento en los eventos políticos a programarse para salir de la tiranía.
El gobierno “interino” a la fecha, ha contado además con el apoyo internacional de la OEA, UE y 60 países. Desde entonces, las sanciones desde el exterior contra Maduro y los altos jerarcas de su gobierno por corrupción y lavado de dinero, no han cesado.
El 29 de enero, la Asamblea Nacional (AN) aprobó la designación del Ing. Humberto Calderón Berti como embajador en Colombia. Un técnico de la democracia de probada solvencia profesional y ética que prestó “buenos oficios” en gobiernos anteriores.
El 23 de febrero Guaidó intentó, en vano, llevar desde Cúcuta a territorio venezolano, la ayuda humanitaria internacional. Esta fue rechazada brutal y desproporcionadamente por militares y grupos colectivos del régimen; arrojando el resultado de 5 muertos, 285 heridos, 51 detenidos; además de 2 camiones con alimentos quemados.
Desde la base de La Carlota, en la madrugada del 30 de abril, Guaidó anunció la “fase final” de la operación libertad que incluyó la liberación de Leopoldo López. Altos jefes militares de Maduro y el presidente del TSJ, supuestamente comprometidos con la operación activada, no se presentaron al llamado; fracasando el intento de deponer al yugo opresor.
El 25 y 30 de mayo en Oslo, el gobierno noruego como facilitador, se realizaron dos intentos de dialogo entre el gobierno y la Oposición, ambos concluyeron sin acuerdo alguno.
El 17 de junio, en Colombia, sale a la luz pública por redes sociales la denuncia de un “manejo irregular” de las personas nombradas por Guaidó para administrar los fondos de la ayuda humanitaria y la manutención de los militares que desertaron y se pusieron a su orden.
El 4 de julio la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su informe ante la ONU denuncia las graves violaciones de derechos humanos que vienen ocurriendo en Venezuela.
El 7 de julio el Oficialismo y la Oposición intentaron en Barbados sin éxito un nuevo dialogo.
El 23 de julio, la Asamblea Nacional aprueba por unanimidad la reincorporación de Venezuela al TIAR. El 11 de septiembre, la OEA activa su aplicación; reconociendo al régimen de Maduro como una amenaza para la paz, seguridad y estabilidad de la región.
El 27 de noviembre se filtra en Colombia por las redes una carta de Guaidó destituyendo al embajador en Colombia, Humberto Calderón Berti; alegando “modificaciones que se harán a la política exterior del país con la finalidad de lograr los objetivos trazados” en enero para el derrocamiento del presidente de la República Bolivariana de Venezuela.
El 28 de noviembre Calderón Berti aclara que había ordenado una auditoria para investigar las irregularidades presentadas en el fondo económico de ayuda a militares desertores de Nicolas Maduro. Agregó que tenía 8 meses sin poder comunicarse con Guaidó y que hace tiempo, a través de terceros, le había advertido tener cuidado con ciertos personajes de su entorno por las credenciales.
El 03 de diciembre en Colombia se realiza la trigésima reunión del órgano consultor del TIAR para tratar caso de Venezuela. Uno de los puntos de la Resolución aprobada fue la identificación de las personas relacionadas con Nicolas Maduro involucradas por lavado de activos; a quienes se les aplicara medidas de “perseguir, capturar, extraditar y sancionar”. Se les congelaran activos que tengan en cualquiera de los territorios de los países miembros del TIAR; incluyendo los que ya no están en función de gobierno.
El 03 de diciembre, Guaidó como presidente de la AN, ordena la intervención de la Comisión Permanente de Contraloría del Parlamento por las denuncias públicas realizadas en contra de sus miembros.
Entretanto, la nación continúa invadida de cubanos, rusos y chinos dirigiéndola a conveniencia de sus intereses. El proceso de retroceso de Venezuela sigue en marcha. Con una población diezmada y subsistiendo en condiciones deplorables e infrahumanas. Sin productos de primera necesidad y medicamentos esenciales. Sometida a un clima de total inseguridad personal, un mercado dolarizado donde el dólar vale Bs.44.000. Un sistema educativo bajando aceleradamente la calidad. Unos ciudadanos desprotegidos de derechos humanos, libertades civiles y políticas. Y casi 6 millones de venezolanos como emigrantes y refugiados en varios continentes.
Esta es la oscura y fea realidad de la Venezuela del Socialismo del Siglo XXI después de dos décadas.
Tomando en cuenta esta realidad histórica, los últimos escándalos que salpican a algunos diputados y personalidades de partidos emergentes y del gobierno “interino”, que los objetivos planteados a principio de año para sustituir el cetro opresor chavista madurista, no se cumplieron; y la persistencia de la desunión entre factores democráticos, la Oposición con humildad debe reconocer los desaciertos y plantearse un nuevo paradigma que permita a los venezolanos soñar despierto, multiplicar alegría y esperanza. La población no aguanta más. Se está muriendo en vida y a nadie pareciera importar desde los centros decisorios de la política y del poder, la mortandad. Déjense guiar por Dios para derrotar la esclavitud ideológica. Apóyense en los venezolanos “buenos” y “decentes” desinteresados de poder. Que les quede claro, EU los apoya ahora solo en los esfuerzos pacíficos. (Feliz Navidad y Próspero año 2020, regresamos martes 14 enero 2020).
Rene Núñez Rodríguez
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Edición 1509
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