La Justicia se creo para dar la razón a quien la tiene. Cuando hay poca, la razón corre demasiado peligro. Porque no se garantiza el objetivo de juzgar, respetando la verdad y dando a cada uno lo que le corresponde.
Las democracias latinoamericanas, en su mayoría, han sido y lo siguen siendo débiles y vulnerables a la influencia e intromisión indebida de la política (gobiernos y partidos) y los factores económicos en las decisiones de los jueces civiles y penales.
El problema comienza estructuralmente cuando se deja de lado la transparencia (concursos de credenciales) en los nombramientos y destituciones de magistrados y jueces. Creando una crisis de legitimidad por la falta de independencia de los poderes judiciales en todo el territorio.
La justicia no cumple con funciones fundamentales como la de ser vigilante de la Constitución; arbitro en la resolución de conflictos de alcance y límites del poder político y las cuestiones sociales y la de fiscalizador de la gestión pública.
Los jueces tienden a ser seducidos en lo político, lo económico y lo financiero por los interesados en torcer la justicia a su favor. Por eso vemos como un inocente es juzgado y condenado o un delincuente, corrupto, criminal o narcotraficante es absuelto de toda culpa o algunas interpretaciones inconstitucionales e ilegales son legitimadas.
La injusticia social también se expresa a través de distintas formas con distintos niveles de gravedad; generando conflictos políticos y sociales de todo nivel.
En las corrompidas democracias hispanoamericanas, no cabe duda, muy fácil observar la influencia y los abusos de los presidentes de la Republica ejerciendo funciones judiciales y arrogándose el conocimiento de causas y poder condenatorio y aplicador de penas a quienes consideran rivales o enemigos.
El abuso, la delincuencia, la arbitrariedad, la impunidad y la exclusión social se imponen como un sistema político de gobierno.
¿Como encarar los pueblos latinos esta realidad? La respuesta es elemental, lógica y racional. Aunque difícil y compleja de asumirla. Como la es la de construir una acción política coherente, sensata, sana y consecuente para atacar las causas y la injusticia social en todo sus términos, condiciones y alcance. Ella pasa por la imposición de un sistema de justicia autónomo e independiente, sometido únicamente al imperio de la Constitución y las leyes.
Un Estado fuerte con un poder ejecutivo ejecutando políticas públicas con eficiencia y transparencia, un poder legislativo legislando por igual en beneficio de los intereses de la sociedad y un poder judicial controlando y haciendo justicia oportuna y correctamente Un auténtico Estado de derecho con “Moral y luces”.
“Se piensa que lo justo es lo igual, y así es; pero no para todos, sino para los iguales. Se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para los desiguales”. Aristóteles.
Rene Núñez Rodríguez
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