Los complejos ideológicos, por un lado, y una cultura política permisiva, por otro; han estado presente en la vida democrática venezolana desde hace muchas décadas. La tradición socialista y de algunos grupos nacionalistas han venido sosteniendo la tesis de que la economía no debe estar en manos de los sectores privados.
Menos aquellas empresas que representa para la nación un valor estratégico; los cuales en ninguna circunstancia no es razonable estén en manos de los intereses particulares de unos accionistas o inversores. Este movimiento populoso se ha encargado igual de tildar al empresario de explotador de la clase obrera; a quien, según la teoría del marxismo, no se le reconoce el valor “plus (plusvalía); el cual se apropia el patrono.
Esta tesis “encantadora de felicidad popular” ha contado con un aliado en las fábricas: los sindicatos (en su mayoría).
Así, el Estado se empoderó con el tiempo en Venezuela de las industrias del petróleo, del hierro, del aluminio, de la electricidad, del acero, del oro, del carbón, etc.
Con la llegada al poder del socialismo cubano de Chávez, la estatización tomó cuerpo y se impuso como estrategia revolucionaria marxista. Después de 20 años, como se esperaba, el balance final de la gestión pública socialista ha sido negativa y catastrófica. Todas las empresas en manos del Estado quebraron: PDVSA, Ferrominera, Venalum, Bauxilum, Alcasa, Carbonorca, Sidor, Edelca y Minerven; entre otras.
El estatismo no ha funcionado donde se ha pretendido imponer como modelo político y económico en el mundo. Las causas son múltiples:
1. El monopolio estatal es contrario a la libre competencia. Donde las empresas con sus productos compiten en costos, precios, garantías y calidad; a satisfacción de los compradores o consumidores. El mercado establece los precios con tendencia a la baja.
2. El estatismo desestimula las iniciativas, el emprendimiento y la innovación tecnológica del sector privado.
3. Se desincentiva a la inversión o capital extranjero.
4. Se incrementa la burocracia y la dirección de las factorías se politiza; desviándose de su razón social natural.
5. La corrupción se internaliza a todo nivel.
6. Los directivos y gerentes nombrados por lo general no están capacitados ni conocen del negocio. 6. La autoridad y los controles se relajan.
7. Las nóminas de trabajadores no son las requeridas por la empresa en cuanto a cantidad y calidad.
8. Poca preocupación del Estado por la productividad, los costos, la innovación tecnológica y los resultados.
El país en ruina que el próximo gobierno democrático en Venezuela heredará del régimen socialista comunista cubano, no dejará otra opción que no sea la privatización de todas las empresas quebradas; si de verdad hay conciencia de los nuevos actores políticos de entenderlo para crear confianza y, por ende, progreso económico.
El cambio de paradigma tendrá resistencia de ciertos sectores que seguirán pensando en el Estado poderoso para hacer negocios. La oportunidad de cambiar el modelo de estado paternalista, interventor y hacedor de todo ha llegado a su fin. No hay vuelta atrás. Es el momento de hacerlo.
Habrá que desarrollar una estrategia similar a la que se hizo durante el segundo gobierno de Caldera con la privatización de Sidor, para explicar al país entero (Congreso, partidos, sindicatos, gremios, ciudadanos) con criterios técnicos administrativos y financieros convincentes de la necesidad de la apertura de una economía libre y competitiva; privatizando los cordones productivos en manos del Estado, a través de procesos claros y transparentes para lograr aliados estratégicos solventes en lo técnico, económico y financiero a favor de la recuperación de la economía nacional.
Tiempo de abandonar las discusiones estériles sobre Estado versus Mercado y dedicar esfuerzos y energía al debate de que ambos sectores, público y privado, deben complementarse para impulsar la prosperidad y el bienestar de la sociedad venezolana. Bajo un Estado de derecho como imperio de gobierno, un orden con reglas claras de convivencia social donde gobernantes y gobernados se profesen respeto mutuo.
Los beneficios de la privatización son muchas: 1. Reducción de las distorsiones económicas por las interferencias políticas del sector público. 2. Reducción de la corrupción. 3. Imposición de principios de competencia. El mercado como el principal estimulo de la economía y facilitador de un mayor crecimiento económico. 4. Los propietarios privados aportan capitales para la adecuación técnica, administrativa, tecnológica en aras del crecimiento económico. 5. El Estado disminuye su déficit fiscal y deuda externa; se beneficia del cobro de impuestos. 6. Se contribuye al desarrollo de mercados locales y nacionales. 7. Se atraen capitales extranjeros y empresas multinacionales. 8. Política de Precios basada en la productividad y estructura de costo de cada empresa y la libre competencia.
El nuevo rol del estado es crear oportunidades de empleos, el de fijar las reglas de juego e intervenir para resolver fallas del mercado. El mercado y el Estado se necesitan uno al otro.
Sin abandonar, su responsabilidad social de crear igualdad de oportunidades y redistribuir ingresos a través del sistema tributario. Garantizando educación primaria y secundaria, salud pública, seguridad y justicia.
“El pesimista se queja del viento. El optimista espera que cambie. El realista ajusta las velas”. William George Ward
Rene Núñez Rodríguez
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