Johannesburgo.- El juicio por corrupción contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) en relación a un acuerdo armamentístico firmado a finales de la década de 1990 quedó este lunes postergado nuevamente, a la espera de que la defensa interponga una petición de recusación contra el fiscal del caso.
Tras más de dos años de aplazamientos y trámites preliminares, la Justicia sudafricana había fijado este 17 de mayo como fecha para dar por fin comienzo al juicio, pero el anuncio de que el nuevo equipo de abogados de Zuma (contratado después de que los anteriores dimitieran) presentará el miércoles una petición de recusación contra el procurador Billy Downer motivó un nuevo retraso hasta el día 26.
«Ese día se registrará la declaración (de Zuma, como culpable o no culpable)», anunció el juez designado para el caso, Piet Koen, en la breve vista celebrada este lunes en los tribunales de la ciudad de Pietermaritzburg (este).
Las objeciones de la defensa contra Downer no se hicieron públicas, ya que los documentos correspondientes al trámite aún no se presentaron, pero la defensa sí avanzó que Zuma se declararía no culpable el 26 de mayo.
Downer, sin embargo, admitió que «parece inevitable algún retraso» adicional en el juicio, ya que una vez se interponga la petición de recusación, la Fiscalía tendrá que estudiarla y considerar su respuesta.
Pese a este nuevo aplazamiento, la acusación y la defensa -tanto los abogados de Zuma como la otra parte acusada, la empresa armamentística francesa Thales- confirmaron estar listas para el juicio.
En la audiencia de hoy se encontraba ya presente, de hecho, la ministra sudafricana de Obras Públicas e Infraestructura, Patricia de Lille, a la que la Fiscalía llamará como primera testigo.
También estaban en la sala familiares de Zuma y dirigentes políticos afines al expresidente, algunos de ellos notorios por estar envueltos en sus propios escándalos de corrupción y conflictos dentro del gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), como el recientemente suspendido secretario general del partido, Ace Magashule.
En los exteriores de los tribunales también se congregaron decenas de simpatizantes del exmandatario.
LAS ACUSACIONES CONTRA ZUMA
En esta causa, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude tras cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas relacionadas con un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con Thales.
En concreto, al expresidente se le acusa de haber recibido sobornos con la intermediación de su entonces asesor financiero, Shabir Shaik.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo de 2018, se le acusó formalmente.
Zuma había dimitido de la Presidencia solo un mes antes, forzado por su propio partido en medio de múltiples escándalos de corrupción que terminaron con su imagen de «presidente del pueblo».
Las de este caso son las más avanzadas judicialmente, pero no las únicas acusaciones que penden sobre el expresidente.
Entre ellas destacan las de la «Captura del Estado», investigación en la que se le acusa de orquestar un entramado corrupto que atravesaba todo el aparato público durante su gobierno con el objetivo de beneficiar a su persona, a otros altos cargos y a empresarios afines.
Zuma, que alega que todas las acusaciones contra él son una persecución política, se niega a declarar en el marco de esta última investigación, motivo por el cual el Tribunal Constitucional estudia actualmente contra él sanciones por «desacato» que podrían suponerle hasta dos años de cárcel.
Además de estos casos, el exmandatario tuvo que devolver en 2016 medio millón de euros de dinero público que había usado de forma irregular para reformar su residencia privada.
EFE
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