EFE
Ginebra.- La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, manifestó hoy en Ginebra su escepticismo ante las negociaciones recién finalizadas entre el Gobierno y sectores de la oposición, ya que en su opinión «con Daniel Ortega no hay posibilidad alguna de obtener una solución».
El presidente nicaragüense «es una persona que no cumple con su palabra» y que cedió a mantener cierto diálogo «no por convicción sino presionado por la opinión pública y de la comunidad internacional», destacó la dirigente de Cenidh, una de las organizaciones suprimidas por el Gobierno de Ortega en 2018.
Ortega «teme que la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima o la misma Organización de Estados Americanos le apliquen sanciones, sobre todo económicas contra él y su familia, que se ha enriquecido al amparo del poder y no quiere perder su capital», afirmó la activista en rueda de prensa.
Núñez, que en Ginebra se ha reunido en los últimos días con varios relatores de derechos humanos de Naciones Unidas y participó en reuniones del Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión nicaragüense, destacó que sanciones y medidas concretas desde el exterior son «el último mecanismo de presión que queda para ver si Ortega entra en razón y no sigue reprimiendo».
Sobre las negociaciones finalizadas el miércoles -aunque las partes abrieron la posibilidad de que se celebren nuevas rondas- Núñez subrayó que uno de los pocos avances se ha conseguido en la cuestión de los presos políticos, que el Gobierno ha prometido liberar en 90 días, aunque hay divergencias en la cifra de reos.
«El Gobierno se niega a aceptar que existan 802 reos políticos, que es la cantidad que han documentado familiares y el Cenidh, ellos dicen que sólo son 290», recordó.
El Comité Internacional de la Cruz Roja, encargado de elaborar una cifra que concilie las de Gobierno y oposición, presenta una lista alternativa de 647 presos (más otros 150 que ya salieron de las cárceles y están bajo arresto domiciliario), aunque aún no se conoce la reacción del régimen de Ortega a este número.
Núñez consideró por otro lado «una burla» que el Gobierno no acepte el regreso al país de mediadores internacionales como la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para participar como garantes del proceso de justicia y reparación a víctimas.
El Gobierno «propuso que ese trabajo lo hiciera el subprocurador de derechos humanos (Adolfo Jarquín), lo cual es una ofensa y una falta de respeto porque no tiene las cualidades mínimas para hacerlo», aseguró la presidenta de Cenidh.
A finales de marzo, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reunido en Ginebra emitió una resolución contra el Gobierno nicaragüense por su violenta represión de meses de protestas iniciadas el 18 de abril de 2018 por una impopular reforma de seguro social, con más de 300 muertos según los informes de la CIDH.
En esa resolución fue llamativa la abstención del Gobierno chino, que no tiene lazos diplomáticos con Nicaragua y que en opinión de Núñez «podría estar presionando» a Managua, dada la fuerte influencia que según la activista tiene Taiwán -histórico rival político de China-en el Gobierno del país centroamericano.
«Taiwán está jugando un rol nefasto en el país, prácticamente es la que está dando el dinero necesario para que el presupuesto de la república pueda funcionar y manteniendo económicamente al Gobierno», analizó.
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