Presidente catalán defiende en Madrid la amnistía y un referéndum «a la escocesa»

El presidente regional catalán, el independentista Pere Aragonès, defendió este jueves en el Senado de España la amnistía para los secesionistas procesados por el referéndum ilegal de 2017, un asunto clave en la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno español, y reclamó una consulta en Cataluña como la de Escocia.

El conservador Partido Popular (PP), con mayoría en el Senado, convocó una reunión para hoy de la Comisión General de las Comunidades Autónomas de la Cámara Alta para denunciar las cesiones que pueda hacer a Cataluña Sánchez en detrimento de otras comunidades autónomas españolas en sus negociaciones para mantenerse al frente del Ejecutivo.

La sorpresa fue la presencia del jefe del Ejecutivo regional catalán y dirigente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), que intervino ante el resto de presidentes regionales, menos los del Partido Socialista, que no estuvieron presentes, y abandonó el Senado seguidamente sin dar declaraciones y sin escuchar al resto.

Además de defender la amnistía, Aragonès se mostró convencido de que los catalanes votarán en un referéndum.

Azuzar el «anticatalanismo»

Aragonès arrancó su intervención recriminando al conservador Partido Popular (PP) su «utilización partidista de Cataluña», ya que para él reuniones como la de hoy son la forma de «volver a utilizar Cataluña para las batallas partidistas a nivel del Estado español, azuzar una vez más el anticatalanismo para desgastar al adversario»

Para el presidente catalán, una amnistía para los encausados por el referéndum ilegal de 2017 es «imprescindible para avanzar en la resolución del conflicto político» y «acabar con la causa general contra el independentismo».

Eso sí, advirtió de que la amnistía es «un punto de partida», no «un punto y final» de un proceso que, a su juicio, «tiene un destino: que la ciudadanía de Cataluña vote sobre la independencia».

Aragonès subrayó que su voluntad es acordar un «referéndum como el que se realizó en Escocia» en 2014, pactado entre las autoridades escocesas y el Gobierno británico.

Asimismo, a quienes «se escandalizan» por la amnistía les recordó «los 6.000 indultos» que los expresidentes del Gobierno español Felipe González (1982-1996) y José María Aznar (1996-2004) concedieron en su día, entre otros, a «condenados por corrupción o terrorismo de Estado» y evocó la ley de 1977, que «impide investigar los crímenes de sangre de la dictadura (española)».

Críticas por abandonar la Comisión, pero a favor de su presencia

 Algunos presidentes regionales del PP criticaron la marcha de Aragonès tras su intervención, aunque valoraron el hecho de que hubiera intervenido en ese foro, algo que no es habitual, porque significa reconocer que «hay instituciones comunes para todos», en palabras del conservador Jorge Azcón, quien encabeza el Gobierno autonómico de Aragón.

Otros líderes regionales como el de Andalucía, el también conservador, Juanma Moreno, se congratularon de que «Cataluña no se quede aislada, sino que participe en los órganos multilaterales del Estado», a pesar de criticar la ausencia de Aragonès en las intervenciones posteriores.

Fue muy criticada también la ausencia de los representante socialistas, sobre todo por parte de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien lo calificó de «vergonzante» y consideró que forma parte de la necesidad de «silencio» y de «negociar a escondidas, sin debate público» de Sánchez.

Negociando, pero sin avances claros

La aprobación de una ley de amnistía es uno de los puntos claves en las negociaciones entre el Partido Socialista (PSOE) y los independentistas catalanes, representados por ERC, quienes dirigen actualmente el Gobierno regional de Cataluña, y Junts, el partido liderado por Carles Puigdemont, expresidente regional catalán prófugo de la Justicia española en Bruselas.

Ambos partidos exigen, además, para que Sánchez pueda renovar si cargo como jefe del Ejecutivo español, la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña.

Desde que Sánchez fue designado por el rey Felipe VI como candidato a la investidura, las negociaciones son foco de las críticas de los partidos de derecha españoles, mientras que desde las posiciones de izquierda se mantiene la privacidad hasta que se llegue a un acuerdo, con el 27 de noviembre como fecha límite.

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