El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este miércoles que el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC firmaron en noviembre de 2016 «se va a incumplir» por temas de «tierra, territorio y verdad».
«No se va a implementar el acuerdo de paz con las FARC, realmente se va a incumplir ese tratado, porque es un tratado, más que un acuerdo, porque no somos capaces de construir un régimen de verdad, no somos capaces de afectar el territorio y transformarlo positivamente y no somos capaces de repartir la tierra», expresó Petro.
El mandatario, que habló durante posesión del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gerardo Barbosa, manifestó que «el acuerdo de paz es tierra, territorio y verdad».
«En los tres tenemos problemas de implementación. Tierra por razones históricas, porque los tenedores de la tierra no la sueltan (…) Territorio porque ha sido el fracaso histórico del Estado, el Estado no ha sido capaz de transformar el territorio», afirmó.
Proceso penal
También dijo que «si se fragmenta la verdad no habrá verdad», por lo cual hizo un llamado para que se restablezca «la unidad integral de la verdad y la verdad debe ser el eje conductor del proceso penal».
El senador Humberto de la Calle, que fue el jefe negociador del Gobierno con las FARC, afirmó que lo dicho por Petro sirve para reflexionar y lamentó que «la vieja idea de la reforma rural ha sido una historia de frustración».
La disputa de la tierra ha sido históricamente una de las causas del conflicto armado colombiano.
Para erradicar esta problemática el Gobierno de Petro está decidido a sacar adelante la reforma agraria que se ha postergado durante décadas y que hace parte del punto uno del acuerdo de paz con las FARC, sobre reforma rural integral.
Esas tierras provendrán de diferentes fuentes, como las que están bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que gestiona los bienes incautados a narcotraficantes, y de un acuerdo con la Federación de Ganaderos de Colombia (Fedegan), algunos de cuyos miembros están dispuestos a vender sus propiedades al Estado para que se haga la reforma agraria.
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