El presidente de Portugal, Antonio José Seguro, fue captado el pasado 29 de abril, al dar un discurso, en Lisboa (Portugal). EFE/Tiago Petinga

El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó este domingo una alteración a la Ley de Nacionalidad presentada por el Gobierno de centroderecha. La reforma busca dificultar la obtención del pasaporte luso mediante el endurecimiento de los requisitos exigidos a los extranjeros, tras haber superado una revisión previa del Tribunal Constitucional.

A pesar de su validación, el mandatario lamentó que la ley fuera aprobada el pasado 1 de abril únicamente con los votos de la derecha y la ultraderecha. Seguro argumentó que una norma de tal relevancia debería gozar de un consenso más amplio para evitar «signos ideológicos del momento» y prevenir reformas sucesivas que pudieran debilitar la seguridad jurídica y la credibilidad de las instituciones.

Nuevos plazos para la residencia legal

La principal modificación de la ley es el aumento del tiempo de residencia necesario para iniciar el trámite de nacionalidad. Para la mayoría de los extranjeros, el plazo se extiende ahora a diez años. No obstante, se establecen excepciones para los ciudadanos originarios de la Unión Europea y de naciones lusófonas (países de habla portuguesa), quienes podrán solicitarla tras siete años de residencia.

Protección de menores y procesos en curso

El jefe de Estado justificó su decisión al considerar que los nuevos criterios no impiden la protección humanitaria ni la integración de menores nacidos en Portugal hijos de inmigrantes. Asimismo, enfatizó que la administración debe garantizar que los expedientes que ya están en trámite no se vean afectados por la nueva normativa, para evitar una «quiebra de confianza» en el Estado.

Política migratoria lusa

Esta reforma se enmarca en un paquete de medidas anunciado por el Gobierno el año pasado para regular los flujos migratorios, que ya ha incluido la creación de una policía de fronteras y cambios en la Ley de Extranjería. Paralelamente, el presidente mantiene en espera otra norma que propone la pérdida de la nacionalidad en ciertos casos penales, la cual ha sido remitida al Tribunal Constitucional por el Partido Socialista.

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