En medio de una creciente tensión con el Poder Ejecutivo por la asignación de recursos públicos, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, Romer Saucedo, abogó por la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la adopción de reformas estructurales para dotar de independencia y tecnología al sistema judicial.
Durante un encuentro con la agencia EFE en Nueva Delhi —donde participó en un foro de presidentes de cortes supremas del bloque BRICS—, Saucedo se pronunció sobre las intenciones del Gobierno del presidente Rodrigo Paz de promover una modificación parcial a la Carta Magna para incentivar la inversión privada. A juicio del magistrado, acotar el debate al ámbito legislativo corre el riesgo de desencadenar un estallido social en los sectores más postergados del país.
«Abramos la Constitución. Veamos qué rumbo le vamos a dar al país, pero que participe la integridad de nuestro país. Que no sean intereses políticos del momento los que quieran tener una justicia sometida a la voluntad de ellos», aseveró el alto juez.
Disputa por el presupuesto nacional
Las declaraciones de Saucedo se enmarcan en un reclamo presupuestario sostenido. Actualmente, la administración de justicia recibe cerca del 0,35 % del presupuesto general del Estado, cifra que el Tribunal Supremo exige elevar al 5 %, mientras que parlamentarios han planteado incrementarla al 3 %.
El magistrado, quien en meses pasados advirtió sobre la posibilidad de un paro en el sector debido a la asfixia económica, vinculó la falta de financiamiento con el debilitamiento institucional. «Ha habido un interés de los políticos de tener un Poder Judicial debilitado. Porque al que es débil lo puede someter», enfatizó.
De acuerdo con el Índice de Estado de Derecho 2025 de la organización World Justice Project, Bolivia se ubica en el puesto 29 de 32 países evaluados en América Latina y el Caribe, superando únicamente a Nicaragua, Haití y Venezuela.
Lucha contra la corrupción y modernización tecnológica
Saucedo sostuvo que las limitaciones económicas perpetúan la discrecionalidad y las prácticas irregulares dentro del sistema de administración de justicia. Calificó de «arcaico» el uso predominante de expedientes físicos en papel, señalando que facilita cobros irregulares para tramitar copias o revisar causas.
Como respuesta a esta problemática, destacó los avances para la implementación gradual de expedientes digitales y la fase de prueba de herramientas de inteligencia artificial (IA) diseñadas para asistir a jueces y partes litigantes, proyecto piloto iniciado en el departamento de Chuquisaca con vistas a su expansión nacional.
El representante de la máxima instancia judicial concluyó que la incorporación de tecnología, inspirada en modelos de desarrollo aplicados en Asia, resulta indispensable para erradicar la injerencia política e impartir justicia con celeridad e independencia.
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