La organización no gubernamental Prisoners Defenders (PD) informó este miércoles sobre el registro de 36 nuevos presos políticos en Cuba durante el mes de julio, de los cuales 15 están directamente vinculados con protestas ciudadanas por «haber participado en ellas, documentarlas, respaldarlas o haber sido relacionados posteriormente con los hechos», de acuerdo con su informe mensual.

La ONG, con sede en Madrid, detalló que 13 de estas detenciones se concentraron en las provincias del centro-este y este de la isla, zonas donde «los apagones prolongados, la falta de agua y el colapso de otros servicios esenciales impulsan cada día nuevos cacerolazos y manifestaciones».

La distribución geográfica sitúa a Santiago de Cuba y Camagüey a la cabeza con cuatro encarcelamientos registrados cada una, seguidas por Guantánamo y Holguín con dos casos respectivamente, y Las Tunas con uno.

«Esta distribución revela que el descontento social y la respuesta represiva tuvieron una incidencia particularmente marcada fuera de La Habana, en provincias golpeadas por la crisis de servicios básicos y con mayores dificultades para visibilizar las detenciones y obtener asistencia jurídica», destaca el informe.

Detenciones arbitrarias y persecución a la difusión

El reporte advierte que los operativos de las fuerzas de seguridad no se limitaron a los manifestantes directos, sino que alcanzaron a personas que filmaron las protestas, exclamaron consignas, auxiliaron a los participantes o difundieron las imágenes en redes sociales.

Entre los casos expuestos figura el de Alex Javier Hernández González, de 13 años de edad, cuya madre denunció que fue arrestado «sin orden de detención ni tutela judicial» el pasado 22 de julio durante manifestaciones en Santiago de las Vegas, La Habana. Según la ONG, el menor permanece recluido en la prisión «El Combinadito», en el municipio Guanabacoa, vulnerando las garantías internacionales de protección a la infancia.

Situación de salud en los centros penitenciarios

De los 36 casos ingresados en julio, la organización precisa que 15 personas salieron de la lista tras el cumplimiento íntegro de sus condenas en ese mismo periodo.

Asimismo, Prisoners Defenders alertó sobre la situación sanitaria dentro de los penales: ha censado a 459 prisioneros con patologías médicas graves derivadas de la desnutrición, los malos tratos y la falta de atención médica adecuada. A esto se suman 54 reclusos con trastornos severos de salud mental que carecen de tratamiento psiquiátrico.

Con estos registros, la organización cifra en 2.148 el total de ciudadanos que han ingresado a la lista de presos políticos en las cárceles cubanas desde el 1 de agosto de 2021 hasta finales de julio de 2026.

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