El Defensor Público General, Daniel Ramírez Herrera, visitó el estado Bolívar para ejecutar en la entidad el plan Justicia Inmediata, con el objetivo de dar celeridad a las causas penales de los privados de libertad en fase de ejecución.
En el Circuito Judicial Penal de Puerto Ordaz, se realizó una reunión con las instituciones que integran el sistema de justicia, entre ellos: la presidenta del Circuito Judicial Penal Mercedes Sánchez, Defensoría del Pueblo; jueces, fiscales y miembros de las cortes de apelaciones, quienes buscan continuar garantizando los derechos humanos de los privados y privadas de libertad.
Este plan inició en el año 2022 en Caracas y se extiende en todo el país, donde hasta la fecha más de 8 mil expedientes han sido revisados y se han otorgado más de 500 liberaciones.
Evalúan las causas
El representante de este órgano del sistema de justicia afirmó que una vez levantada la información y evaluada la causa con los jueces , se estará verificando a cuales le corresponde alguna fórmula alternativa de cumplimiento de pena. “ Sea para optar algún beneficio, por cumplimiento de pena, también evaluamos cuáles son los privados y privadas de libertad que están condenados a una pena menor de 5 años”
El objetivo principal del plan Justicia Inmediata es no revisar una población penitenciaria en el internado, sino revisar en físico los expendientes de todos los privados que se encuentran en fase de ejecución desde el Circuito Judicial Penal, dijo el titular de la Defensa Pública.
Encuentro
Dentro de la programación desarrollada en Puerto Ordaz, se realizó una reunión dirigida por el defensor Daniel Ramírez, con el propósito de intercambiar criterios, experiencias y opiniones en busca de adaptar el plan a la realidad del estado.
Destacó que la experiencia en La Guaira, Nueva Esparta,Yaracuy, Cojedes y Sucre donde han implementado este proyecto ha sido muy productiva, pues han solicitado informes psicosocial y las evaluaciones a través Ministerio de Interior Justicia y Paz y Ministerio de Servicios Peninteciarios, permitiendo agilizar los mecanismos.
En el caso del estado Bolívar el plan inicia su primera fase, donde se entregaron las estadísticas y la data de los privados, para dar respuesta en un lapso de 15 días.
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