Bogotá.- La Procuraduría colombiana (Ministerio Público) pidió explicaciones al Ejército sobre el operativo militar realizado el pasado lunes en el municipio de Puerto Leguízamo, en el sur de Colombia, en el que el Gobierno aseguró que habían dado de baja a 11 disidentes de las FARC, pero la comunidad denunció que eran civiles y líderes comunitarios.
El presidente de Colombia, Iván Duque, anunció el lunes que en «operaciones de nuestra Fuerza Pública, se logró la neutralización de 11 integrantes de disidencias de las FARC y la captura de 4 criminales más en Puerto Leguízamo (Putumayo)», con una mujer embarazada entre los capturados.
Sin embargo, los reportes que han llegado de la zona desde entonces preocupan a las organizaciones sociales que temen que se trate de una masacre, e incluso de un nuevo caso de «falsos positivos», más que de un operativo militar contra las disidencias.
Las organizaciones sociales denuncian que entre los abatidos se encontraba Brayan Santiago Pama, un menor de 16 años; Didier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda (aldea) El Remanso, y su esposa, Ana María Sarria Barrera, y Pablo Panduro Coquinche, gobernador indígena del Cabildo Kichwa, y otras dos personas.
«Resulta entonces necesario recordar que los ataques contra población civil se encuentran proscritos por el Derecho Internacional Humanitario (DIH)», aludió la Procuraduría en la carta enviada al comandante de las fuerzas militares, general Luis Fernando Navarro.
Y por ello, le pidió aclarar lo acontecido en la operación militar, así como le solicitó varios documentos, entre los que figuran la orden de operaciones, el informe de muertes y también que aclare si han abierto una «indagación preliminar o investigación disciplinaria» por lo acontecido.
El Ejército tiene de plazo hasta este viernes para responder a las solicitudes y ayudar a esclarecer lo acaecido, aunque este miércoles ya se reafirmó en su relato de que se trató de un operativo militar contra las disidencias de las FARC en el que el objetivo del ataque era Carlos Emilio Loaiza, alias «Bruno», parte de la comisión financiera del comando de frontera de la Segunda Marquetalia.
El mayor general Juan Carlos Correa Consuegra, comandante de la división de Aviación Asalto Aéreo del Ejército, aseguró que «en el momento que se está realizando la maniobra (de captura de este líder) se generó el combate porque las estructuras se dan cuenta y se empieza a generar un intercambio de disparos».
A su llegada a la vereda fueron recibidos con «combates fuertes y fuego nutrido», agregó Correa, quien insiste en que «esta operación cumplió en todo su desarrollo -que fue de 10 días- con los protocolos».
Además, resalta que la operación se realizó a las 6.30 de la mañana, y «no había ninguna actividad» de civiles, ya que las organizaciones campesinas e indígenas de la zona aseguran que en el momento de la incursión militar la comunidad estaba realizando un bazar en una caseta comunal, adyacente a una cancha de fútbol de uso de los vecinos, que tenía el fin de recolectar fondos para atender necesidades de la aldea El Remanso.
EFE
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