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Con consignas alusivas a las solicitudes que emiten al gobierno, docentes salieron a marchar. Foto NPD Piar

El sector universitario de Venezuela inició un paro de dos días para exigir un aumento salarial, mejoras en las condiciones laborales y la discusión del contrato colectivo, luego de casi dos meses de protestas en las calles sin recibir una respuesta por parte del Ejecutivo, dijo el presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, Gregorio Afonso.

El profesor indicó que, según reportes de las diferentes asociaciones de docentes, ha sido «casi total» el cumplimiento del paro por parte del sector, conformado por unos 150.000 trabajadores, incluyendo personal administrativo y obreros, de «no menos de 55 universidades a nivel nacional», incluyendo las autónomas y experimentales.

La principal exigencia, señaló, es un «aumento general de salarios y pensiones», que «no alcanzan ni para ir al lugar de trabajo todos los días», y que estos ingresos estén anclados al dólar, ante la constante devaluación de la moneda local -el bolívar- frente a la divisa estadounidense.

«Por ejemplo, un profesor titular con dedicación exclusiva, en marzo de 2022, cuando fue el último aumento salarial en la administración pública, ganaba 156 dólares. Hoy, ese mismo profesor gana 30», dijo.

Discusión de contrato colectivo

Los manifestantes también exigen que se discuta la contratación colectiva del sector universitario, y rechazan -señaló Afonso- un plan de las autoridades de «unificar» a los empleados de salud, educación y administración pública «en un solo contrato», lo que es «absolutamente indebido».

Para el jueves, un día después de que finalice el paro, una representación del sector universitario tiene previsto un encuentro con la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, a la que pedirá que «obligue al Gobierno a sentarse con los sectores laborales, que llevan dos meses en lucha».

Según la ONG Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, de las 1.262 protestas que se computaron en enero, 1.027 fueron de trabajadores, principalmente del sector de la educación, quienes denunciaron la «pérdida del poder adquisitivo».

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