La prohibición de exportar cobre decretada por el Gobierno de Trinidad y Tobago para frenar el vandalismo contra infraestructuras críticas ha provocado una drástica caída en las cotizaciones locales del metal, reduciendo su valor de casi 6.000 dólares a unos 2.650 dólares por tonelada. Esta restricción comercial, que se mantendrá vigente hasta julio de 2027, afecta a cientos de personas en comunidades como Claxton Bay que dependen de la recolección y procesamiento de chatarra como fuente de sustento.
Ante la imposibilidad de vender el material en mercados internacionales a precios competitivos, los comerciantes se ven obligados a almacenar el cobre o a venderlo a compradores locales con márgenes mínimos. Esta brecha económica ha generado incentivos para que parte del sector acuda al mercado informal, donde compradores en Venezuela ofrecen mejores tarifas por el mineral.
Rutas nocturnas y riesgos en el corredor marítimo
El intercambio ilícito opera principalmente a través de travesías marítimas que parten desde la playa de Erin durante la madrugada, aprovechando los relevos de la Guardia Costera de Trinidad y Tobago. Este corredor forma parte de un circuito regional que involucra también a la isla de Granada, mezclando operaciones de chatarra reciclada con metal sustraído de redes eléctricas y tuberías.
Los peligros asociados a esta ruta quedaron evidenciados tras el naufragio de una embarcación con cargamento de cobre frente a la costa suroeste trinitense, hecho que dejó víctimas mortales y detenciones por parte de los organismos de seguridad. Pese a las advertencias del Ministerio de Seguridad Nacional sobre el procesamiento penal de los implicados, las ganancias del contrabando continúan atrayendo a operadores a lo largo de la frontera marítima.
Expectativas ante la reactivación industrial
Como alternativa para estabilizar la economía de la chatarra, la Asociación de Comerciantes de Chatarra de Trinidad y Tobago ha señalado la relevancia de la reapertura de la antigua planta siderúrgica de ArcelorMittal en Point Lisas, asumida por la firma Ibis Steel Company. Los recolectores prevén que la reactivación de estas instalaciones proporcione un mercado interno formal con precios justos para el procesamiento legal de los metales.
Entretanto, las fuerzas policiales mantienen operativos contra el vandalismo y el hurto de cables eléctricos e infraestructura pública en el sur del país, donde continúan las investigaciones y aprehensiones de personas vinculadas a este delito.
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