La Paz.- Una comisión gubernamental en Bolivia propuso este miércoles el endurecimiento de penas con hasta 20 años de prisión para los operadores de justicia implicados en la liberación de acusados por feminicidio, violación e infanticidio.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, hizo el anuncio durante la presentación de nuevos resultados de la Comisión de Revisión de Casos de Feminicidios y Violación, creada a principios de febrero.
El trabajo de esa instancia logró que se recapture a diez sentenciados y se procese a nueve jueces que beneficiaron irregularmente con la excarcelación a delincuentes que tenían condenas sin derecho a indulto.
Prada señaló que se han encontrado «fallas normativas» que propician la liberación de feminicidas que ahora deberán ser tratadas en el Parlamento.
Una es el tipo penal de prevaricato o la emisión de normas arbitrarias que fijaba entre 5 a 10 años de prisión contra quien las cometiese y que ahora se pide que se eleve a entre 8 a 20, precisó.
Junto a esto, se ve necesario que también el Legislativo considere ajustes al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal para «evitar que las personas que cometieron delitos de violación, feminicidio e infanticidio salgan libres», dijo la ministra.
La comisión integrada por varios ministerios, instancias judiciales y organismos de protección de derechos humanos comenzó a trabajar por instrucción presidencial hace más de un mes, tras el escándalo de la captura de un asesino, feminicida y violador serial que estaba en libertad a pesar de tener una condena de 30 años sin derecho a indulto, la pena máxima en el país.
La ministra detalló algunos casos resueltos como el de un asesino serial, un feminicida descuartizador, una mujer infanticida además de un violador de al menos unas 150 mujeres en una colonia menonita en el oriente del país, todos ellos habían recuperado su libertad gracias a concesiones de la justicia.
A raíz de estos casos, se han abierto procesos judiciales contra nueve jueces además de una cantidad importante de funcionarios relacionados con la «ilegal» otorgación de libertad para delincuentes sentenciados, mencionó.
La comisión también identificó fallas como la ausencia de información y la necesidad de establecer una «plataforma única» que concentre estas causas, además de la necesidad de la creación de un Observatorio de Justicia y Género, entre otras propuestas.
En las últimas semanas se han desarrollado diversas manifestaciones de mujeres contra la corrupción en el sistema judicial después de que salieron a la luz varias resoluciones judiciales que beneficiaron a feminicidas y violadores.
EFE
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