Unos treinta representantes de colectivos de izquierda protestaron este martes ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra el adelanto de elecciones locales al 29 de noviembre —desde el 14 de febrero de 2027— y la posible exclusión de grupos políticos como Unidad Popular (UP).
Isabel Vargas (UP) denunció que la medida, aprobada el 27 de marzo por cuatro votos del pleno (presidido por Diana Atamaint), amenaza la democracia bajo influencia del presidente Daniel Noboa. «El invierno no se predice con tanta anticipación; ¿por qué no previeron apagones?», cuestionó, tildándola de «burla» al pueblo.
Demanda de pruebas sobre desafiliaciones
Vargas exigió evidencia de las 175.000 supuestas desafiliaciones de UP: «No pueden quitar casilleros electorales sin pruebas». Geovanni Atarihuana (director nacional UP) confirmó 206.000 afiliados tras fusión con MPD (aprobada en 2020 por Atamaint), y señaló que el plazo para cancelaciones venció el 3 de abril.
«Unidad Popular vive: luchamos por medicinas, contra el costo de vida, por educación y derechos laborales, ante un gobierno incapaz», afirmó Atarihuana, prometiendo «castigo electoral» en 2026.
Judicial
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) admitió el sábado una impugnación del asambleísta Alfredo Serrano (Partido Social Cristiano) contra el adelanto, buscando revocarlo.
En los comicios locales, se elegirán 5.742 autoridades para 2027-2031: prefectos y viceprefectos, alcaldes, concejales urbanos/rurales, vocales de juntas parroquiales y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
¡Síguenos en nuestras redes sociales y descargar la app!
