Familiares y activistas de la ONG Surgentes exigieron este martes al Parlamento venezolano una respuesta a su petición de incluir en la Ley de Amnistía a detenidos acusados de nexos con «tancol» (terroristas armados narcotraficantes colombianos), un término gubernamental usado desde 2021.
Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, habló a las afueras de la Asamblea Nacional, acompañado de familiares con carteles de sus parientes. «Se trata de campesinos de zonas apartadas, detenidos cerca de sus casas y desaparecidos por un mes», denunció. Afirmó que entre 2021 y 2023 se estigmatizó a cientos en estados fronterizos con Colombia, acusados de terrorismo «político», con torturas y expedientes forjados.
La ONG ha registrado 45 casos, mayoritariamente colombo-venezolanos, pero estima hasta 200. Es la segunda visita a la comisión parlamentaria de Amnistía, promulgada en febrero, tras ser remitidos entre tribunales y Legislativo sin avances. «Hay buena disposición, pero exigimos respuesta», enfatizó González Plessmann.
Doris Pineda, abuela de Erwin Álvarez, relató el caso de su nieto, detenido a los 15 años en una finca de Barinas por ordeño de ganado. «Lo torturaron: cabeza en bolsa, asfixia, maniatado y arrojado al río para declararse culpable. Hoy tiene 19 y pedimos su libertad», dijo entre lágrimas.
La Ley de Amnistía cubre 27 años desde 1999, pero limita beneficios a 13 hechos específicos, excluyendo operaciones militares, corrupción, narcotráfico, homicidio y violaciones de DDHH. Surgentes urge su ampliación para estos presos.
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