El «agosto negro» que vivió el país en términos financieros, con un verdadero terremoto en los mercados y consecuencias severas en la economía real, ha tenido su correlato en las calles, con movilizaciones, bloqueos y acampadas de protesta en todo el país.
Un total de 524 piquetes es el saldo de agosto, la cifra más alta de cortes de protesta en lo que va del año, según el registro mensual que lleva la consultora Diagnóstico Político y que revela que los reclamos bajo esta metodología tuvieron un impactante aumento del 36 % en comparación con julio último.
De acuerdo con el informe de la consultora, a la cabeza de los bloqueos en agosto han estado las organizaciones sociales, con 149 cortes, seguidas por los trabajadores estatales, fuerzas políticas, sindicatos del sector privado, vecinos y grupos de desempleados.
Lejos de calmarse las aguas, todo hace prever que septiembre superará las cifras de agosto debido a un endurecimiento de las protestas, particularmente de los movimientos sociales, que esta semana han protagonizado una acampada de dos días en el centro de la capital.
Sus demandas son múltiples: prórroga de la ley de emergencia alimentaria que obliga a incrementar la provisión a comedores comunitarios, aumento del número de beneficiarios de subsidios sociales que paga el Estado y alzas en los montos de estas ayudas.
A estos se añaden reclamos de creación de puestos de empleo y de reapertura de negociaciones salariales en un contexto de alta inflación, que en agosto fue del 54,5 % interanual.
«En los últimos meses, el protagonismo en el espacio público para protestar lo tienen las organizaciones sociales, agrupaciones que pueden ser formales o informales, integradas básicamente por gente de sectores de bajos recursos y lideradas por dirigentes barriales, en muchos casos expolíticos o exsindicalistas», dijo a Efe Patricio Giusto, de Diagnóstico Político.
Estas organizaciones configuran un mosaico muy complejo, con grupos que son desprendimientos de sindicatos, otros surgidos desde las bases sociales durante la grave crisis de 2001 y algunos con un funcionamiento más cercano a una fuerza partidaria.
Su tinte político también es diverso: unas se alinean con el peronismo tradicional, otras con el kirchnerismo o con la izquierda más dura, un dato no menor en un contexto electoral tenso de cara a las presidenciales de octubre, para las que el peronista Alberto Fernández se perfila como favorito para imponerse al presidente Mauricio Macri, que aspira a la reelección.
Según Giusto, las organizaciones también van a las calles con un ánimo diverso, ya que mientras las ligadas al peronismo y al kirchnerismo y emergidas de ámbitos barriales buscan presionar al Gobierno para obtener más beneficios económicos, las agrupaciones ligadas a la izquierda dura lo que pretenden es ganar visibilidad.
«El año electoral complica todo. La izquierda busca visibilidad en las calles a través de acciones directas para desestabilizar, sea el gobierno que sea, porque son anarquistas, antisistema», apuntó el analista.
El escenario es complejo porque en muchas protestas, como la acampada de cuarenta horas de esta semana, que incluyó escaramuzas de los manifestantes con los policías, unas y otras organizaciones se mezclan.
Los reclamos han pasado además esta semana de las calles a los centros comerciales, donde el martes una de las agrupaciones protagonizó una protesta que ha encendido, sobre todo en el sector empresario, la luz de alerta al recordar lo más álgido de la crisis de 2001.
Durante aquel estallido social, comercios y supermercados eran saqueados en todo el país, agitando una espiral de violencia y represión que terminó con una treintena de muertos.
Ahora, con una inflación en alza y el índice de pobreza, que ya afecta a un tercio de la población argentina, a la subida, la amenaza de volver a los supermercados está latente.
«El acampe continúa. El próximo, si no hay respuestas, será de 72 horas. Y en el caso de varias organizaciones, incluida la nuestra, si no hay alimentos a la brevedad, iremos a los supermercados», dijo a Efe este miércoles, en uno de los acampes, Oscar Kuperman, dirigente de la Coordinadora de Unidad Barrial Movimiento Teresa Rodríguez.
Por declaraciones de similar tenor, Kuperman fue denunciado el viernes ante la Justicia por el Ministerio de Seguridad.
El otro gran actor social de Argentina con tradicional peso en las protestas es el sindicalismo.
La Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central obrera del país, de raigambre peronista y que ha realizado cinco huelgas generales durante el Gobierno de Macri -la última en mayo pasado-, se comporta con mayor cautela desde el agravamiento de la crisis, una actitud que, según Giusto, opera en este momento como un «factor estabilizador».
«Creo que en la CGT han hecho la lectura de que, con el grado de desprestigio que tienen y lo grave que está la situación, lo peor que pueden hacer es ponerse al frente de grandes protestas y quedar ellos, en definitiva, como los principales responsables si todo desmadra», apunto el analista.
EFE
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