En Venezuela hubo al menos 3.495 protestas durante el primer semestre de 2026, lo que significa un aumento del 179,8 % respecto al mismo período del año pasado, cuando fueron 1.249 manifestaciones, informó este viernes el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS).
La ONG señaló en un informe que las protestas relacionadas con los derechos civiles y políticos predominaron durante el primer trimestre, particularmente las exigencias de libertad para presos políticos, el respeto al debido proceso y el restablecimiento de garantías democráticas.
Estas demandas estuvieron «estrechamente vinculadas al nuevo escenario político derivado de los acontecimientos del 3 de enero», cuando Estados Unidos capturó en Caracas a Nicolás Maduro durante una operación militar, y al proceso de transición «bajo el tutelaje» de Washington, según el OVCS.
Luego, prosiguió, hubo una «reconfiguración progresiva, marcada por el resurgimiento de las reivindicaciones ligadas» a derechos como los económicos y sociales, con protestas de trabajadores para exigir salarios dignos, la recuperación del poder adquisitivo, el respeto a las contrataciones colectivas y la restitución de derechos laborales.
Paralelamente, comunidades de todo el territorio «continuaron manifestándose para exigir el acceso regular a servicios públicos de calidad, atención oportuna en salud, vivienda digna y justicia, demostrando que las demandas estructurales derivadas de la emergencia humanitaria compleja permanecen sin respuestas efectivas», aseguró el observatorio.
La ONG señaló que la emergencia por los terremotos del pasado junio, que dejaron al menos 6.301 muertos, generó protestas de familiares, vecinos y comunidades afectadas que denunciaron «la ausencia de una respuesta inmediata, coordinada y efectiva por parte de las autoridades», así como «deficiencias en las labores de búsqueda, rescate, atención sanitaria y distribución de ayuda».
El OVCS documentó 46 protestas reprimidas y acciones como «tratos crueles, amenazas, hostigamiento, detenciones arbitrarias y el despliegue de dispositivos de control para impedir el desarrollo de las protestas».
La organización no gubernamental advirtió de que estos casos documentados «reflejan la continuidad de mecanismos de control e intimidación que limitan el ejercicio del derecho a la protesta pacífica».
«La persistencia de estas prácticas evidencia que el espacio cívico en Venezuela continúa sujeto a restricciones incompatibles con los estándares internacionales de protección de los derechos humanos», afirmó.
El observatorio prevé para los próximos meses reclamos asociados a la recuperación económica, la restitución de derechos laborales, la reconstrucción institucional y la normalización de los servicios públicos, así como movilizaciones de grupos pertenecientes al chavismo «descontentos con las actuales autoridades».
Tras la captura del entonces presidente Nicolás Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como mandataria encargada y ha colaborado estrechamente con el Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.
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