Una jornada de protestas en Francia derivó este sábado en graves disturbios, saqueos y destrozos en edificios públicos y comercios de todo el país. El primer balance oficial deja más de 1.200 personas detenidas y al menos 150 policías y gendarmes heridos, en medio de cruces de acusaciones entre el Gobierno y la oposición tras escalada de violencia atribuida a la extrema izquierda y a grupos incontrolados.
El emblemático edificio del Ayuntamiento de Limoges —inaugurado en 1883 y de arquitectura inspirada en el consistorio parisino— quedó «prácticamente destruido» tras ser devorado por las llamas, según confirmó el prefecto de Haute-Vienne, Maurice Barate.
Asimismo, manifestantes forzaron las puertas e irrumpieron en las sedes municipales de Marsella y Lille.
Los fuegos y asaltos también alcanzaron la oficina de turismo de Lyon, la fachada de la universidad de Ruán y la residencia de la prefecta en Burdeos.
En París, grupos incontrolados sembraron el caos en barrios enteros. El alcalde de la capital, el socialista Emmanuel Grégoire, denunció la devastación sistemática de «calles enteras» y previó pérdidas «de inmensa magnitud» por los graves daños a monumentos, comercios y mobiliario urbano.
Por su parte, Alexandre Bompard, presidente de la Federación de Comercio y Distribución (FCD) y consejero delegado de Carrefour, condenó categóricamente los saqueos e incautaciones que sufrieron numerosos establecimientos en todo el territorio.
Cruce de acusaciones y tensión política
El ministro del Interior, Laurent Nuñez, señaló como responsables a «varios miles de alborotadores», en su mayoría pertenecientes a grupos de ultraizquierda y «delincuentes oportunistas».
La gravedad de los acontecimientos desató una intensa batalla política en redes sociales entre el Ejecutivo y el líder de La Francia Insumisa y candidato presidencial, Jean-Luc Mélenchon.
Tanto el Gobierno como la extrema derecha acusaron a Mélenchon —quien participó en la marcha de París— de instigar la violencia. El líder izquierdista se desmarcó de los saqueos y responsabilizó a la cúpula policial de «abrir la puerta al caos» con una gestión «aberrante».
En respuesta, el primer ministro Sébastien Lecornu y el propio Nuñez criticaron la «inversión peligrosa y cínica de responsabilidades» ejercida por Mélenchon, recordando que la intervención policial fue lo que permitió que cientos de miles de personas se manifestaran pacíficamente.
Por su parte, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen acusó a la extrema izquierda de tomar como «rehenes» las demandas sociales para «precipitar al país al caos».
Desde una posición institucional, el presidente Emmanuel Macron aseguró que no habrá «ningún lugar para la violencia» y garantizó que la justicia actuará con severidad contra los responsables, apelando a la unidad frente a quienes buscan socavar las instituciones.
Ante la magnitud de los destrozos y la peligrosidad de los arrestados, Lecornu confirmó cerca de la medianoche que el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, instó a los fiscales a solicitar prisión provisional para los detenidos.
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