La ONG venezolana Provea, dedicada a la defensa de los derechos humanos, rechazó este sábado la decisión del Gobierno de salir de la Corte Penal Internacional (CPI) y recordó que la medida no tendrá efectos inmediatos. A través de la red social X, la organización subrayó que el retiro entra en vigencia un año después de su notificación, por lo que las investigaciones abiertas y los crímenes cometidos durante este período transitorio podrán ser procesados. Asimismo, Provea señaló que el Estatuto de Roma establece claramente que la retirada «no afectará la cooperación con la Corte» en los procedimientos iniciados con anterioridad, manteniéndose vigentes las obligaciones del Estado venezolano, incluida la ejecución de eventuales órdenes de captura.
Argumento oficial del Gobierno para concretar el retiro
La postura de la ONG se produce tras el anuncio realizado el viernes por el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, quien confirmó la renuncia del país al Estatuto de Roma bajo el argumento de que el tribunal internacional actúa con un «sesgo» desproporcionado hacia naciones de África y Latinoamérica. Horas más tarde, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ratificó la medida tras acusar a la CPI de acumular expedientes para agredir a los países del «sur global».
Respuesta de la CPI ante la decisión venezolana
Por su parte, la CPI lamentó la postura del Estado venezolano y recordó desde La Haya que el país seguirá siendo parte del organismo durante un año, conservando todos sus deberes de colaboración con las causas en marcha. El tribunal internacional precisó que, si bien la adhesión o retiro de un tratado es un derecho soberano de cada nación, hasta el momento no había recibido la notificación formal a través de la Oficina de Tratados de las Naciones Unidas.
Antecedentes del expediente venezolano en La Haya
El historial del caso se remonta a 2018, cuando la Fiscalía de la CPI abrió un examen preliminar sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, dando paso en 2021 a una investigación formal. Pese a que en 2022 el Ejecutivo solicitó aplazar el proceso para dar prioridad a la justicia nacional, la Corte autorizó en junio de 2023 reanudar las pesquisas al determinar que los procedimientos internos no reflejaban el alcance requerido. Aunque en diciembre pasado la Fiscalía cerró su oficina técnica en Caracas por falta de «progreso real» en materia de complementariedad, los investigadores con sede en La Haya mantienen las averiguaciones activas.
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